Martes, 18 de Mayo de 2021

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La auditoría ejecutada en el ayuntamiento de Alcalá la Real muestra irregularidades en contrataciones

La auditoría contempla que gran parte de contratos menores se han fraccionado de manera irregular

Marino Aguilera, alcalde de Alcalá la Real (izq.), y Ángel Montoro, concejal de Hacienda (der.)

Marino Aguilera, alcalde de Alcalá la Real (izq.), y Ángel Montoro, concejal de Hacienda (der.) / Ayuntamiento Alcalá la Real

El alcalde, Marino Aguilera y el edil de Hacienda, Ángel Montoro, han comunicado los resultados de la auditoría correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2015 y 2018 del Ayuntamiento y de las sociedades ADALSA y Jardines y Medio Ambiente. La realización de la misma ha corrido a cargo de la empresa GAP (Grupo de Auditores Públicos) mediante un proceso de licitación.

Marino Aguilera ha señalado que “la realización de esta auditoría es un punto en común que tanto Partido Popular como Ciudadanos teníamos en nuestros programas electorales, por tanto, desde el inicio de la legislatura comenzamos a trabajar en ello”.

En este sentido, han sido tres los aspectos auditados: grado de cumplimiento de legalidad en materia de contratación pública, personal, retribuciones y cotizaciones en el área de Recursos Humanos y, finalmente, transparencia, Tecnologías de la Información y Comunicación.

El edil de Hacienda, ha detallado que “durante los ejercicios auditados, ha quedado constancia que entre el 70 y 80% de los contratos han sido de tipo menor, cuando la ley establece que este tipo de contrataciones deberían darse con carácter residual y en situaciones puntuales”. En ese sentido, Ángel Montoro insiste en que “se está trabajando en esa línea desde que llegamos al ayuntamiento, para tratar de reducir esa dependencia de los contratos menores y ajustarse a la normativa establecida”.

La auditoría contempla que gran parte de esos contratos menores se han fraccionado de manera irregular, superando así la cantidad máxima establecida de 15.000 € por proveedor. “La realización de esta práctica, establecida como algo habitual cuando debería ser algo residual, supone un montante aproximado de 2.200.000 € en el año 2015; 4.000.000 € durante 2016; 1.900.000 € en el ejercicio 2017; y 1.600.000 € en 2018” ha precisado Montoro.

Asimismo, se han auditado doce contratos mayores, entre los que se encuentran la construcción de dos naves en el polígono Llano Mazuelos en 2015; el pliego de contratación del Centro Municipal de Deporte y Salud (CMDS) en 2016; Etnosur 2018 o la climatización del Edificio Joven, entre otros. "Lo que llama la atención de estos contratos, es la falta de procedimiento en cuanto a los pasos a seguir para realizar correctamente un expediente. Este es un tema bastante engorroso, que se ha empezado a corregir a través de la formación del personal, del control de los contratos y de la implementación de la herramienta Gestiona, puesta en marcha en 2020 y que facilita el protocolo a seguir a la hora de abrir un expediente", ha explicado Marino Aguilera.

En general, se han localizado una serie de carencias referentes a la prevención de riesgos laborales así como de documentación exigible, contratación de personal y a nivel de transparencia. En cuanto a las Tecnologías de la Información y Comunicación, la auditoría revela la falta de software adecuados y de herramientas para la seguridad y protección informática, que hacían altamente vulnerable el sistema, “motivo por el que éramos continuamente hackeados. Los seis primeros meses, raro era el día que no recibíamos un ataque informático o se nos caía el correo electrónico. La apuesta por programas de seguridad en este sentido, ha sido importante” ha revelado el primer edil.

En relación a ADALSA, Montoro ha puntualizado que “el fraccionamiento indebido de contratos menores también ha estado presente durante los ejercicios auditados. En 2015 se realizó esta práctica por valor de 680.000 €, en 2016 alcanzó 630.000 € y en los ejercicios 2017 y 2018 llegó a 670.000 y 650.000 € respectivamente. Sobre esta sociedad, GAP incide también en la falta de documentación y justificación del contrato de una persona en los ejercicios 2015 y 2016”.

Tras conocer los incumplimientos y debilidades detectados por esta auditoría, el alcalde adelanta que “el Ayuntamiento seguirá la hoja de ruta establecida, aunque sí que es cierto que nosotros ya hemos ejecutado algunas de esas recomendaciones y estamos trabajando para evitar los fraccionamientos y el exceso de contratos menores. Ejemplos de ello son el pliego para la asistencia jurídica, el hecho de abrir la contratación a nuevos proveedores locales, los refuerzos de personal, la formación, el trabajo en transparencia, el seguimiento de los contratos o las sucesivas desprivatizaciones” y ha citado que en 2016 el interventor del ayuntamiento puso hasta 16 reparos para alertar de carencias con la ley de contratación del sector público.

Los resultados de la auditoría se publicarán próximamente en el portal de transparencia. También se ha avanzado que esta práctica va a continuar y anualmente se examinarán determinadas áreas del Ayuntamiento o expedientes de interés.

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