350 víctimas de violencia de género y sexual están en lista de espera para las periciales psicológicas

Tenerife

Cerca de 350 mujeres y niños víctimas de violencia de género y violencia sexual se encuentran en la lista de espera del sistema de periciales psicológicas de Canarias, que presenta un importante déficit de personal. Este proceso, que ha llegado a durar hasta dos años para los afectados, determina la credibilidad de los testimonios así como las huellas psíquicas y los daños morales y físicos por el maltrato o los abusos sufridos con el objetivo de establecer una indemnización adecuada.

El año pasado, gracias a los fondos estatales del proyecto VioGén, la Consejería de Justicia logró reducir las listas en 135 personas. Sin embargo, la viceconsejera Carla Vallejo reconoce que no es suficiente. "Los protocolos prevén que, cuando se trate de menores o de víctimas de especial vulnerabilidad, las pruebas se realicen a través de expertos y zonas adecuadas para evitar que tengan que ir a un juzgado o sala de vistas y sortear la presión adicional que eso supone", explica la magistrada. "Todo esto gana en calidad de servicio a la víctima y en riqueza y profundidad de las pruebas durante el procedimiento judicial pero impone un sobreesfuerzo de medios, tanto materiales como personales".

Tras recibir una nueva partida de 155.000 euros enmarcados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Ejecutivo canario fija en el término del primer semestre de 2021 su intención de eliminar estas listas de espera. "El objetivo es que las pruebas se realicen en las semanas siguientes, como mucho un mes, desde que el juzgado las solicita", señala Vallejo. Como consecuencia a la inyección económica, en las próximas semanas está previsto que vuelvan a ocuparse los puestos externos de apoyo a los institutos de medicina legal y ciencias forenses.

La viceconsejera califica la función de estas pruebas psicológicas como "críticas y tremendamente sensibles" y advierte de que los retrasos pueden incitar a las mujeres a no comunicar su situación. "Es lógico pensar el temor a verse sometida a un procedimiento muy largo en el que a lo mejor la atención no es lo suficientemente adecuada o personalizada pueda actuar como un freno para denunciar los hechos. A esa realidad es a la que tenemos que atender para que no ocurra".

Por provincias, la situación se ve agravada en la provincia de Las Palmas, donde más de 300 pruebas están pendientes de señalamiento de fecha. En Santa Cruz de Tenerife, según indica la dirigente, todas las pruebas solicitadas están agendadas entre mayo y junio 2021: "Aún así, sigue siendo un tiempo excesivamente largo".