Autoescuelas de Lanzarote, implicadas en fraudes en los cursos para obtener el permiso de conducción

Arrecife

El Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico, GIAT, del Subsector de Tráfico de Las Palmas, con la colaboración de la Jefatura de Tráfico, ha procedido a la investigación de dieciséis directivos y profesores de distintas autoescuelas, entre ellas varias de Lanzarote, así como a un total de 22 alumnos que habían obtenido el permiso de conducción de la clase “A” sin hacer los cursos correspondientes.

En el transcurso de la investigación, desarrollada entre los años 2019 y 2020 bajo en nombre de "Operación Pellas", también se ha detectado una autoescuela en Fuerteventura que expedía, sin cumplir los requisitos legales, certificados que acreditan para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas, siendo investigados por estos hechos el titular y la directora del centro.

La investigación comenzó a mediados de 2018, ya que la Guardia Civil detectó que alumnos matriculados en algunas autoescuelas para realizar el curso progresivo para la obtención del permiso de conducción de la clase “A”, para conducir motocicletas de más de 125 cc sin límite de potencia, obtenían el citado carnet sin realizar o completar las actividades formativas, siéndoles expedido el Certificado de aptitud de forma fraudulenta.

Por otro lado, coincide esa situación con el hecho de que en los últimos años el índice de siniestros viales de motocicletas con resultado grave se ha venido incrementando, tanto en valores absolutos como en proporción al total de siniestros, según se desprende de los informes del Observatorio Nacional de Seguridad vial. De entre los factores que pueden influir en este aumento, no se puede descartar la falta conocimientos, mentalización y destreza en el manejo de los vehículos de dos ruedas por parte de los conductores implicados.

Por otra parte, la Jefatura de Tráfico había puesto en conocimiento de los agentes el escrito presentado por el responsable de una autoescuela, comunicando distintas irregularidades detectadas personalmente en la forma de impartir los cursos por parte de otros centros, lo que redundaba en la mala calidad de la formación y en la mala imagen proyectada sobre el sector de la formación vial en general.

Investigación e imputación

Con estas premisas y contando con la colaboración de los responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, los agentes iniciaron un seguimiento del desarrollo de los cursos programados por las distintas autoescuelas en las islas de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura llegando a recopilar datos de asistencia de los alumnos matriculados y documentación gráfica de la actividad desarrollada.

Así, comprobaron que numerosas ocasiones los alumnos no acudían al centro de aprendizaje o lo hacían por tiempo inferior al programado. Del mismo modo, se comprobó que las prácticas de destreza en circuito cerrado o el manejo de motocicletas en vías abiertas al tráfico en general, no se realizaban o se llevaban a cabo de forma muy superficial y sin ajustarse al programa establecido.

En el transcurso de las investigaciones, se detectó un centro de Fuerteventura que venía impartiendo desde 2017 cursos para obtener el certificado que habilita para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas, mediante personal docente no titulado y expidiendo las certificaciones bajo el nombre y la firma de profesores si titulados pero que no pertenecían al centro, suplantando su identidad.

Se detectaron un total de catorce certificados expedidos en estas circunstancias sin conocimiento de los afectados, que podrían ver revocada la autorización obtenida. El titular y la directora de la autoescuela fueron investigados por estos hechos y esa parte de la investigación recayó en los Juzgados de Instrucción de Puerto del Rosario. La Guardia Civil llamó a declarar a las personas implicadas, como supuestos autores del delito de falsedad de documentos oficiales y de certificados.

Se recuerda que el Delito de falsedad en documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación tipificado en el art 390 del CP, cuando es cometido por particulares, tiene prevista la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis meses a doce meses.