Martes, 21 de Septiembre de 2021

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La supresión de la Dirección de Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid llega al Defensor del Pueblo

La Coordinadora del Tercer Sector presenta una denucnia y pide amparo a la institucion ante una decision que considera arbitraria e incongruente

Rosa María Gómez Rivera, ex Directora General de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid

Rosa María Gómez Rivera, ex Directora General de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid / EFE

La Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid va a presentar este martes una denuncia ante el Defensor del Pueblo contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de suprimir la Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades.
Este colectivo, que agrupa a más de 200 ONG de la región, considera que no se ha seguido el procedimiento adecuado para suprimir esa dirección. Desde su punto de vistaes una incongruencia que en el mismo acuerdo de la Junta de Gobierno del 4 de febrero de este año el Ayuntamiento defienda el desglose en dos direcciones el área socialpara asumir todas las competencias que han surgido con motivo de la pandemiay al mismo tiempo, en esa misma resolución, apueste por centralizar en una única dirección todas las competencias que el área tiene en materia de igualdad y violencia de género. Dos decisiones opuestas que se toman para mejorar la eficacia y la coordinación, según el Consistorio, y que las ONG no entienden.
La Coordinadora también pone de manifiesto que esta decisión supone una importante reducción en las competencias del área en materia de igualdad.De las más de 20 que ostentaba la Dirección General Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades a sólo 9 directas y 3 transversalesque asume el nuevo departamento, fruto de fusionar esta dirección con la dirección encargada de políticas de violencia de género y apoyo a la población LGTBI.
Además, la denuncia hace hincapié en queno se ha consultado esta decisión ni a los órganos vinculados a estas áreas, ni a otros espacios técnicosni tampoco se han elaborado los informes de impacto que requiere una medida de estas características tal y como recoge la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.
El colectivo cree que esta actuación del Ayuntamiento de Madrid, que califica de arbitraria,supone una merma de los derechos de la población LGTBI, así como de las víctimas de la violencia de género y las madrileñas en generaly choca contra los derechos de los grupos de población en riesgo de exclusión.

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