Guijarro: "Quien quiera ir a vivir al pueblo no pagará impuestos autonómicos"

Las personas que quieran ir a vivir a los pueblos no pagarán impuestos autonómicos. Es una de las ventajas que regirá la ley contra la despoblación cuyo anteproyecto ha aprobado el Gobierno regional. Las empresas se beneficiarán de hasta el 40% de ayuda adicional si se implantan en una zona rural donde se blindarán los servicios públicos.

"Por primera vez se usan las medidas fiscales para luchar contra la despoblación" ha explicado el Vicepresidente Jose Luis Martínez Guijarro durante su presentación. Con desgravaciones en el tramo autonómico del IRPF y en los impuestos cedidos. Desgravación de hasta el 25% para las personas que habiten las zonas despobladas y desgravación para la construcción o rehabilitación de vivienda en el medio rural. Con la combinación de ambas, las personas que se quieran ir a vivir a estos municipios no pagarán impuestos a la comunidad autónoma. Incluimos otras desgravaciones y reducciones: a la mitad el ITP y AJD, de tal manera que se facilita la implantación de empresas en el medio rural.

Aborda de lleno el problema estructural de la despoblación. Lo hace con una visión transversal, en todos los ámbitos competenciales. Es ambiciosa, dice el Gobierno,  y llevará una memoria económica que supone que "durante este periodo de programación se destinarán 600 millones de euros a implementar sus medidas" tanto desde el punto de vista de nuevos programas como de financiación presupuestaria.

GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COHESIÓN TERRITORIAL

Consta de 75 artículos incluidos en 7 títulos. 4 disposiciones adicionales y 9 finales. Incorpora conceptos novedosos en el planteamiento legislativo. Uno de ellos es el "impacto demográfico": exigir que todas las decisiones estratégicas y nuevos servicios contemplen cómo se desarrollarán y qué efectos tendrá en el despoblamiento. Otro concepto es el de "estancia efectiva": permite establecer medidas de apoyo a familias que viven en los pueblos y están allí empadronadas, por lo que reciben su asistencia sanitaria y sus hijos asisten al colegio correspondiente.

En primer lugar establece la garantía de acceso a los servicios públicos. Son medidas para garantizar que los ciudadanos pueden acceder a los servicios esenciales en condiciones similares a las personas del resto de municipios. Educación pública en localidades con al menos 4 niños; FP adaptada a la realidad de la comarca; contrato programa para las enseñanzas no obligatorias. Sanidad: incremento de servicios sanitarios en atención primaria ligado a la implantación tecnológica; garantía de acceso a las urgencias a menos de 30 minutos; asistencia farmacéutica y de acceso a medicamentos. Servicios sociales: teleasistencia avanzada para mayores de 70 años y correcta atención durante el mayor tiempo posible en su domicilio. Si no, se dotará de un recurso residencial a menos de 40 kilómetros. Transporte público: modelo de transporte sensible a la demanda para comunicar a los pueblos con su cabecera de comarca.

En segundo lugar implica la cohesión económica, social y territorial. Se establecen medidas de apoyo a las empresas incorporando los criterios ITI que aquí tendrán rango de ley de tal manera que las empresas tendrán hasta un 40% de ayuda adicional por la implantación en el territorio. En sectores tradicionales como el agrario y forestal pero también apostando por la bioeconomía y la innovación. Incluirá también el acceso a los servicios financieros y un fondo de apoyo a las empresas que ya estén en este territorio dotado con 10 millones de euros.

Plantea la necesidad de modelos alternativos que favorezcan la conciliación para la atención de niños de 0 a 3 años; programas específicos de acceso a la vivienda (una de las dificultades en estas zonas) que incluirá la rehabilitación para reutilizar el parque ya existente. Acceso a la cultura, al ocio responsable y a los medios de comunicación.

En cuanto a cohesión territorial se buscará el fomento de las energías renovables, acceso a las tecnologías como fibra óptica y 5G en todas las localidades. 

La ley cuenta con el 90% de aportaciones realizadas en la comisión contra la despoblación. Como un plan de retorno del talento rural. Una vez pase por el Consejo Consultivo se enviará a las Cortes para su aprobación en primavera.