La Consejería de Educación obliga a la concertada a pagar las deudas de la Comunidad

Madrid

Diez días. Ese es el plazo que le ha dado la Comunidad de Madrid a más de un centenar de colegios concertados de la región para que hagan frente a la deuda con la Seguridad Social por el impago de las cotizaciones del profesorado de estos centros. Sin embargo, la normativa establece que el pago de este tipo de gastos sociales corresponde a la administración, al gobierno regional, y no a los titulares de los colegios subvencionados con fondos públicos. Se trata de un pago delegado: los centros gestionan las altas y bajas de sus profesores, pero es la consejería de educación la que abona las nóminas y las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La sorpresa en estos colegios ha sido mayúscula tras recibir la carta del director general de educación concertada, Manuel Bautista, en las que les conmina a sanear esa deuda de manera urgente. Las prisas tienen una explicación que reconocen desde la propia consejería de educación: si no se saldan las deudas, la Comunidad no podrá optar a los fondos que van a llegar de Europa. Y los impagos no son menores. Son deudas importantes, de más de cien mil euros en algunos casos y, además, vienen con recargo por el retraso en el abono. Algunas se arrastran desde hace más de diez años, otras son facturas impagadas de 2020. Uno los directores afectados, en su caso educación le exige un pago de más de 50.000 euros, ha podido constatar con la Seguridad Social que la Comunidad de Madrid no ha hecho frente al pago delegado que le correspondía, y que ese mismo dinero es el que ahora le reclama la administración al centro contraviniendo la ley.

Desde el departamento que dirige Enrique Ossorio no han podido aclarar a la SER el motivo por que esta consejería ha descargado, en contra de la normativa, el pago de la deuda en los centros aunque precisan que la Comunidad ha hecho frente a todos los gastos sociales de estas contrataciones. Un sinsentido ya que si las cotizaciones se hubieran pagado, no habría tal deuda y la dirección general de educación concertada no tendría que conminar al pago urgente. Tampoco aclaran en el gobierno madrileño si el abono se pide a los concertados por falta de liquidez en las arcas de la región.

El lío está servido y el tiempo corre. Las patronales de la concertada aclaran que sus colegios no son los morosos porque están al corriente de pago: "Nos ha sorprendido pero estamos tranquilos porque los centros se han puesto en contacto inmediatamente con la Seguridad Social y han obtenido el certificado acreditativo de estar al corriente de pago", explica a la SER Emilio Díaz, de Escuelas Católicas de Madrid, "debe ser algo que arreglen entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio", apunta. Desde la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid (UCETAM), su presidente Fernando Fernández, también asegura que los colegios que les pertenecen también están al corriente de pago. Y la Seguridad Social lo certifica. Desde el Ministerio que engloba esta cartera, explican a la SER que los centros no tienen deudas y que no figuran como responsables de las mismas, porque el responsable último de la gestión y del pago delegado es la comunidad autónoma.