"Hubo enfermos que murieron en las residencias sin haber visto un médico"

Madrid

El ex director general de hospitales y artífice de la privatización sanitaria en tiempos de Esperanza Aguirre, Antonio Burgueño, ha contado en la Comisión de Investigación de las residencias, cuál fue su papel en la primera ola de la pandemia y lo que piensa que sucedió. 

Su relato comienza el 10 de marzo cuando, según él, le llama la presidenta Isabel Díaz Ayuso para hacerle preguntas sobre "cómo veía yo el momento y cómo podía evolucionar". Dice que no fue un "asesor externo", que no hubo contrato ni se le pagó, que no hubo tampoco "ningún nombramiento porque no hubo tal propuesta. Lo hice como ciudadano ante una petición, que a cualquier persona le honra, de poder ayudar al Gobierno". Ha asegurado que solo estuvo hasta el 14 o 15 de marzo. 

Al día siguiente se reunió con la presidenta y los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, pero no con el de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Fue la única reunión, dice que ya no le volvieron a llamar, y que les presentó un plan de 270 medidas para atajar la propagación de la pandemia, preparado en 24 horas. Entre las medidas, se hablaba de la medicalización de residencias, ya que sabía que el diseño del sistema de residencias en España "adolecía de cobertura sanitaria privada". "No dio tiempo en montarlo en ese momento y para ello hay que cambiar aspectos de las leyes de Sanidad y de la Dependencia".  

Burgueño ha explicado que los usuarios de residencias de mayores "no fueron bien atendidos" durante el punto álgido de la pandemia y que "no se dio la orden" para que fueran asistidos por médicos. "Es lamentable que una persona de 80 o 90 años fallezca sin que la haya visto un médico" y que además "el certificado de defunción se recomponga días más tarde", ha llegado a señalar.

El ex asesor de Ayuso ha recordado que en su plan hablaba de la necesidad de "un ejército de 250 médicos" para las residencias en ese momento. Por ese motivo, cree que la llamada 'Operación Bicho' que llevó a cabo su hija, Encarnación Burgueño, de prestar apoyo sanitario a los centros no fue suficiente. "Ni de broma", ha contestado a preguntas de la diputada socialista, Matilde Díaz Ojeda, para referirse a "los tres o cuatro médicos" con los que contaba su hija a través de la empresa Transamed. "Solo serían suficientes para 12 o 15 residencias, pero nada más", ha apuntado.

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Después ha sido el turno de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), que llevó a los tribunales la no medicalización de las residencias. Se ha quejado de no haber tenido contacto con el consejero de Sanidad durante lo peor de la pandemia.

"En los peores momentos de esa terrible ola nunca tuvimos una llamada de ningún consejero ni de la presidenta tampoco. La verdad es que nos hemos sentido abandonados", ha subrayado de Andrés. También se ha quejado después de las preguntas del diputado del PP, Carlos Izquierdo, porque le ha preguntado por sus estudios y no por la situación de las residencias de su municipio.

Por otro lado, la mesa de la Comisión de Investigación de lo ocurrido en las residencias ha decidido que los grupos sean los que decidan si quieren llamar a funcionarios de la Administración central o a miembros del Gobierno estatal a pesar de no estar obligados a asistir a esta comisión, tal y como apuntó en un informe el letrado de la Asamblea ya que ya están sometidos al control de las Cortes Generales.

Si un grupo cita a Fernando Simón, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Salvador Illa, como incluyeron en sus listados PP, Ciudadanos y Vox, podrá encontrarse con la negativa a asistir de estas personas y el turno de propuesta de estos grupos se pasaría.