El tercer poder del Estado

Albacete

La Justicia en España no goza de buena salud. La judicatura está bajo sospecha. Se critica su politización y falta de independencia por parte de la sociedad civil y de instituciones como el Consejo de Europa. La crisis de la democracia, el auge de la corrupción y el abuso de poder en los partidos e instituciones -con más de diez mil aforados- han agravado el problema, pero para comprender la situación, tenemos que remontarnos a la transición para conocer la adaptación de aquella justicia al servicio de la dictadura a otra auténticamente democrática. El tercer poder del Estado no se vio afectado como debiera por las imprescindibles reformas estructurales. Esa falta de adecuación ha generado unos vicios que hoy nos sonrojan y devuelven al punto de partida.

Durante cuatro décadas los miembros de la carrera judicial asistían a reuniones políticas multitudinarias, donde levantaban el brazo y coreaban gritos del ritual franquista, pronunciaban encendidas promesas de fidelidad y muchos fueron designados consejeros del Movimiento y saltaron del ejercicio de la profesión a la actividad política. En la transición, muchos de los titulares de los órganos que regían la vida interna de la judicatura y que elaboraban las líneas maestras de la jurisprudencia procedían de aquella cantera.

A comienzos del año 1977, aproximadamente, un 10% del escalafón de magistrados, jueces, fiscales y secretarios de juzgados pertenecían a una organización, Justicia Democrática, todavía sin estatuto legal. En aquel ambiguo contexto, celebraron un congreso en el que pedían la democratización de las estructuras judiciales, la designación de los órganos superiores mediante un sistema electivo, el control de su propia tarea a través de la participación popular y el ejercicio de la crítica. Incluso señalaban que la función judicial debía basarse en la soberanía popular y las libertades públicas y mantenían que el derecho promoviera el desarrollo democrático de la sociedad. Propugnaban que la democratización del país comenzara con la de su cuerpo administrativo e indicaban que la aplicación del Derecho debía perseguir la ampliación de las libertades públicas.

El prestigio de los primeros presidentes y magistrados, así como la calidad de las sentencias de los años ochenta y noventa, contrasta con decisiones posteriores que muestran una auténtica caída libre del Tribunal Constitución en términos de calidad y legitimidad. Las perversiones del sistema judicial español son estructurales. Un ejemplo conspicuo es la Audiencia Nacional, tribunal continuador del Tribunal de Orden Público franquista. Vinculado en buena parte a la lucha contra ETA, representa una vulneración del derecho de los ciudadanos al juez ordinario. Habría que abolirlo porque no hace ninguna falta. Pero si grave es la arquitectura, no menor es el problema de sus profesionales, en gran parte herederos de aquella manera de pensar y de actuar que protegidos por un rancio corporativismo defienden planteamientos poco representativos de la sociedad. La Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencias conservadoras, agrupa a la mayoría y actúa como un auténtico lobby.

El Estado de derecho constituye la columna vertebral de las democracias liberales y cuando el poder judicial se degrada, todo el edificio de la democracia está en precario.