El Estado contra la infancia
La catedrática de Trabajo Social, María José Aguilar, reflexiona la obligación de cualquier país de proteger la vida y la dignidad de las personas que tiene bajo su jurisdicción. ¿Acaso los niños y niñas que han migrado solos no merecen que se les trate como a tales?
Albacete
España ha sido, de nuevo, condenada por la ONU por violentar a una niña víctima de violencia sexual.
Se condena a España por desnudar completamente y examinar las partes íntimas de niñas y niños, en un ejercicio institucional y sistemático, absolutamente innecesario, que ataca su dignidad, su privacidad y su integridad. La ONU le dice a España que debe prohibir este tipo de prácticas.
Esta violación de Derechos de la infancia no es un caso aislado. Es una práctica institucional que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado llevan practicando hace más de una década. No es algo anecdótico, sino establecido como rutinario. Y eso es lo más grave.
La ONU ha condenado 14 veces a España por este tipo de acciones en la última década. Ya en 2011 el Defensor del Pueblo español determinó que las señales físicas de la pubertad no guardan relación de ningún tipo con la edad cronológica. Y que el uso de cierto tipo de exploraciones médicas intrusivas para fines administrativos podía convertirse en un abuso sexual.
La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo estableció hace 6 años que si los menores tienen documentos válidos que acrediten su minoría de edad (pasaporte, por ejemplo) no deben ser sometidos al procedimiento de determinación de la edad.
El Gobierno de España, en 2015, en lugar de aplicar a rajatabla esa doctrina del Alto Tribunal, decidió dejar en manos de la Fiscalía la decisión de cuestionar la validez de un pasaporte emitido o confirmado por el Estado emisor del mismo.
La arbitrariedad de las pruebas de determinación de la edad no sólo es cuestionada desde el punto de vista científico, sino que además se aplica sin control jurisdiccional y sin ninguna garantía legal a cientos de niños y niñas, a quienes se deja en una indefensión absoluta y se les condena a ser víctimas de cualquier tipo de explotación.
Ahora que se está tramitando en el parlamento español la Ley de protección integral de la infancia, debería introducirse en la misma la protección de estos niños y niñas que han sobrevivido a numerosos abusos y explotación durante su periplo migratorio, y han logrado llegar solos a nuestro país.
Un Estado de Derecho tiene la obligación de proteger la vida y la dignidad de las personas que tiene bajo su jurisdicción.
¿Acaso los niños y niñas que han migrado solos no merecen que se les trate como a tales?
