Nueva condena de la ONU a España por la violación del derecho a la vivienda
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condena al Estado por no haber proporcionado una casa a una familia vulnerable con cuatro menores que fue desahuciada en Vallecas
Rueda de prensa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ante el Congreso tras el dictamen de la ONU que condena a España por violar el derecho a la vivienda de una familia de Vallecas. / ELENA JIMÉNEZ / CADENA SER
Madrid
Es la quinta vez que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas condena a España por vulnerar el derecho a la vivienda. Cinco veces, cinco casos que han sucedido todos en Madrid.
Esta última condena se produce tras la denuncia de la familia de Ahmed Tidli y Hakima El Goumari. Vivían de alquiler en una vivienda de Vallecas hasta que en 2018, tras quedarse en el paro, no pudieron afrontar el pago mensual de la casa y fueron desahuciados. A partir de ahí, vivieron junto a sus entonces cuatro hijos menores de edad (hoy tienen dos gemelos más de un año y medio) en diferentes albergues donde los niños convivían con personas con problemas de adicción a las drogas y a kilómetros de sus centros escolares. Ahora viven en el sector VI de la Cañada Real donde no tienen suministro eléctrico desde hace casi seis meses.
"Lo hemos pasado mal, casi me muero con el temporal de frío en la Cañada Real. Mis hijos lo están pasando mal", dice Ahmed que no para de dar las gracias a todos los que participan en la rueda de prensa para exponer su caso que la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social (PAVPS) ha organizado frente al Congreso de los Diputados.
Para el abogado de la familia, Javier Rubio, en Madrid "no se lucha contra la pobreza. En la Comunidad de Madrid hay una guerra contra los pobres. No rige el Estado de Derecho para las familias vulnerables en materia de vivienda, rige la ley de la selva".
Considera que el dictamen del DESC son "16 páginas de verdadera justicia". El Comité condena a España, porque solo puede dirigirse a los Estados, a dar una vivienda digna de forma urgente a esta familia. Algo que tendría que hacer la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de la capital. En el dictamen se dice que el desalojo sin un "examen de proporcionalidad" por parte de las autoridades constituyó "una violación de su derecho a la vivienda adecuada" y que se les tiene que reparar con "una vivienda pública u otra medida que les permita vivir en una vivienda adecuada" y compensarles económicamente por las violaciones sufridas. Además, en seis meses el Estado debe remitir a este Comité las medidas que haya tomado para que no se repitan casos similares.
De las cuatro condenas anteriores, dos casos están ya resueltos y las otras dos familias siguen sin casa.
Elena Jiménez
Soy periodista desde hace algo más de un par de décadas. Especializada en temas sociales y educativos....
