El gobierno de Jerez denuncia una pinza Adelante-PP para bloquear la ciudad

Jerez de la Frontera

Hay que remontarse a 2012 para recordar un momento de tanta tensión política en el Ayuntamiento de Jerez. El ambiente en el Consistorio empieza a ser irrespirable y muy difícil de digerir en un momento tan delicado como el que vivimos en esta pandemia. El gobierno municipal ha denunciado "una pinza de PP, Izquierda Unida y Adelante" para bloquear la gestión municipal; Izquierda Unida por su parte ha iniciado un encierro en el Ayuntamiento y además ha presentado una denuncia en Fiscalía contra todo el gobierno jerezano por la adjudicación del servicio de agua de Torrecera a la empresa Aqualia.

El gobierno socialista denuncia que Izquierda Unida, Podemos, anticapitalistas y PP se han unido en el Consistorio presentando propuestas que por ley no se pueden admitir como tales en el pleno municipal con el único fin de “atacar” al gobierno y provocar su desgaste en una operación perfectamente calculada y provocada. Los socialistas hablan de “juego sucio democrático” y de “pacto secreto" de los extremos para generar “ruido mediático y confusión” de una manera “torticera”. Recuerdan que las reglas de los plenos son conocidas por todos y aprobadas en el ROM. Para el gobierno es “llamativo” que Izquierda Unida pacte ahora con el PP, la formación que le ha hecho perder en tribunales un asesor.

No habrá propuestas de PP y Adelante en el próximo pleno, sino ruegos. El PP ha convocado una rueda de prensa para esta mañana; desde Izquierda Unida, Raul Ruiz Berdejo, evidencia las diferencias que existen actualmente con el gobierno.

Mientras, se sigue judicializando la política de la ciudad. IU ha presentado una denuncia en Fiscalía contra todo el gobierno municipal de Jerez por adjudicar la gestión del servicio de agua de Torrecera a Aqualia de manera supuestamente fraudulenta. El portavoz de la coalición de izquierdas, Raúl Ruiz Berdejo, habla de “pasteleo” entre la compañía y el gobierno local y denuncia la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y negociaciones prohibidas. Para Izquierda Unida, nunca existió procedimiento de licitación que habilitase la encomienda. Ruiz Berdejo califica el proceso de “tramposo y torticero”. En la denuncia de Izquierda Unida también se incluye al alcalde socialista de la pedanía, a los vocales y a la propia Aqualia.

Para completar el escenario,  Izquierda Unida mantiene desde el mediodía de este jueves un encierro en el Ayuntamiento jerezano con Apesorje para reclamar el acceso digno de las personas sordas a los servicios públicos municipales. Ruiz Berdejo condiciona el fin de la protesta a que el gobierno se comprometa a cumplir un convenio en defensa de este colectivo aprobado por unanimidad en un pleno en 2015.

La delegada municipal de Bienestar Social, Carmen Collado, ha acudido al Consistorio a dialogar con la asociación de sordos, pero la reunión ha concluido sin acuerdo. Ha explicado que ni se pueden abonar servicios no prestados ni se puede mantener el servicio de interpretación de lengua de signos sin un proceso de licitación, por lo que ha avanzado la apertura de un procedimiento, como marca la ley.

El colectivo de sordos afirmaba a última hora del jueves, antes de pasar la noche en el ayuntamiento, que la protesta seguirá hasta que los servicios municipales sean accesibles para ellos.