Sobre el primer año de pandemia

Santa Cruz de Tenerife

Un año después del inicio de la pandemia, en este país somos muchas cosas distintas, pero sobre todo, somos menos. 92.000 personas menos de las que deberíamos ser.

España es uno de los países con más ‘exceso’ de fallecidos registrados durante este año en relación con los años pasados, casi un muerto más por cada cuatro de los que se produjeron de media los cuatro años anteriores, entre 2015 y 2019. Pasamos de 400.000 muertos en 2019 a casi 500.000 en 2020.

Las defunciones registradas en estos meses suponen que en porcentaje de personas muertas, en Europa sólo nos superan en la lista Eslovenia y Polonia, y en el mundo, nuestro porcentaje de exceso de mortalidad es idéntico al de EEUU, dónde los datos rozaron lo catastrófico y escandaloso.

Durante años España presumió de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Quizás fuera cierto en cuanto a la universalidad del acceso a la atención sanitaria, pero desde luego no lo fue en su capacidad de reacción ante la pandemia, a pesar del enorme sacrificio realizado por miles de médicos y sanitarios que se jugaron la vida sin apenas ayuda del Estado.

Los mecanismos para responder a la pandemia no funcionaron y el sistema autonómico se demostró absolutamente ineficaz para reaccionar a tiempo. Una de las cosas que deberíamos haber aprendido es la necesidad de que el sistema público de salud cuente con mecanismos centralizados de coordinación, dependientes del Ministerio de Sanidad.

Las enfermedades se saltan las fronteras sin necesidad de pasaporte y no necesitan interpretar las regulaciones de los Estatutos de Autonomía. Este virus mata a la gente sin importarle el idioma que hable, los impuestos que pague o la enseñanza que recibe.

Pasado un año desde que empezó el desastre, la primera lección de la pandemia debiera ser que las enfermedades no se combaten eficazmente con una veintena de regulaciones diferentes y a veces contradictorias. Pero ese debate –uno de los debates clave para la organización sanitaria del país- está absolutamente fuera de las preocupaciones de nuestros dirigentes, y quien se atreva a ponerlo en marcha será tachado de centralista y antiautonomista, cuando no de nacionalista español o facha. Y es un asunto que el Gobierno tiene que plantear.