Empresarios y sindicatos piden al Gobierno Central que se aceleren las obras del Corredor Mediterráneo

Murcia

Empresarios y sindicatos de la Región de Murcia, junto a FERRMED, han remitido al Gobierno central un informe de situación de los corredores ferroviarios en el que piden expresamente que se aceleren las obras del Corredor Mediterráneo en Alicante y Murcia y su continuidad hacia Lorca y Alicante.

Este informe fue firmado por el presidente de CROEM, José María Albarracín, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Santiago Navarro, junto al delegado de FERRMED en la Región, Ángel Martínez.

El informe subraya la petición de que la Región de Murcia se incorpore, en concreto, el AVE Cartagena-Murcia por el corredor central (conectando con el aeropuerto) y el corredor Murcia-Albacete desdoblado y electrificado para pasajeros y mercancías.

El documento recuerda la necesidad de "acelerar la continuidad del Corredor Ferroviario del Mediterráneo, parado en Monforte del Cid, en paralelo con la A-7". La petición de patronal, sindicatos y FERRMED es que a su llegada a Santomera el corredor se desvíe en paralelo a la RM-1 hasta conectar con el actual corredor ferroviario y con las dársenas de Escombreras y el futuro puerto de El Gorguel, así como con la ZAL prevista en Los Camachos.

Además, señalan que su continuidad por la variante norte de Murcia "permitiría conectar con el corredor de Albacete y, al mismo tiempo, seguir hasta Lorca, donde se bifurcaría hacia Almería y Granada, recuperando así la conexión con Andalucía, perdida hace cuarenta años".

CROEM ha recordado que esta petición ya fue trasladada hace un año al ejecutivo y que la situación "hoy es la misma", solicitan "que los Fondos Europeos sirvan para que el Gobierno de España programe y realice los corredores ferroviarios reclamados desde la Región de Murcia".

En el escrito también se recuerda que el nuevo puerto de El Gorguel necesita la declaración de interés general para que se eleve a Bruselas. También que no correría a cargo de la financiación del Estado, ya que la inversión la sufragaría el concesionario y la Autoridad Portuaria con los recursos generados por el propio puerto.