Piden penas que suman 15 años de cárcel para un matrimonio de hosteleros de Palencia

Palencia

La Audiencia Provincial de Palencia ha fijado para el próximo 26 de abril el juicio contra un matrimonio de hosteleros que regenta varios negocios y que está acusado de defraudar a la Seguridad Social durante varios ejercicios. El Fiscal pide para cada uno de ellos una pena de siete años y seis meses de cárcel, según la información a la que ha tenido acceso Radio Palencia de la Cadena SER. Solicita además que, de forma conjunta y solidaria, paguen entre multas e indemnizaciones cantidades que suman algo más de 1,8 millones de euros.

Para la petición de pena por unos delitos que arrancaron en 2012, el Fiscal marca como frontera la modificación del Código Penal para este tipo de hechos. Las penas se endurecen tras esa modificación. Además de cárcel, los acusados, si prospera la petición de condena, deberán pagar en concepto de multa el doble de lo presuntamente defraudado. Deberían abonar 250.147,82 euros. A esa cantidad hay que añadir otra multa del triple de lo defraudado tras la modificación del código. En definitiva, el Fiscal pide que paguen de forma conjunta otra cantidad de 1.071.366,84 euros. Pero además, solicita que indemnicen a la Seguridad Social con 482.196,19. Estas cantidades arrojan un total de más de 1.800.000 euros.

Mientras que el abogado de los acusados pide la libre absolución para sus patrocinados, el Fiscal considera que ambos constituyeron un entramado de empresas bajo la dirección efectiva del hombre destinado a la explotación de la actividad de restauración. Tendrían el mismo patrimonio, domicilio social, trabajadores y activo. Presuntamente, y siempre según el Ministerio Público, la finalidad del entramado era defraudar a la Seguridad Social.

Bajo esa premisa que maneja la acusación pública, y siempre a la espera de lo que determine la vista oral del día 26 de abril, supuestamente crearon varias empresas que se cedían trabajadores una a otra. Esta recíproca cesión suponía, no sólo que no pagaban las cuotas, sino que descontaban las mismas de sus empleados y luego, presuntamente, no las ingresaban en la Seguridad Social.

En definitiva, presuntamente crearon varias empresas en la provincia, en la capital palentina y fuera de la geografía provincial, como es el caso de las provincias de Madrid y Valladolid, que llevó a la Inspección de la Seguridad Social a dictar en marzo de 2016 una resolución en la que afirmaba que el grupo empresarial parecía creado para eludir la obligación del cumplimiento de las obligaciones con el mencionado organismo.

La tesorería en octubre de 2016 emitió una resolución que da por demostrado que aunque era un grupo de empresas, realmente existía una única dando apariencia de diversidad, pero con un mismo objeto social, con una única organización y dirección. En Junio del 17 la tesorería resuelve que la empresa mantenía una deuda de diversas cantidades que suman. 483.185,08 euros. La Tesorería de la Seguridad Social ejerce la acusación particular y pide seis años de privación de libertad para cada uno de los acusados. También solicita que paguen cantidades millonarias.

La operación policial por este asunto se produjo en 2017. Agentes de la Policía Nacional detenían, dentro de la 'Operación Calabazas', a un empresario palentino, J. M. D. M., e investiga a M. P. D. M., así como a cinco personas más del entorno familiar de ambos, residentes en las provincias de Palencia, Valladolid y Madrid, por la presunta comisión de varios delitos de fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social, con un volumen de fraude que podría superar el millón de euros. Tanto el detenido, administrador y apoderado mercantil, como la investigada, administradora mercantil, formaban parte, presuntamente, de un clan familiar especializado en delincuencia económica dentro de un entramado empresarial con actividad en la provincia de Palencia, según informaba por aquel entonces la Subdelegación del Gobierno.

Tras prestar declaración, el empresario quedaba en libertad y a disposición del juez instructor del caso. En total, se investigaban nueve empresas, algunas de ellas con domicilio social en las provincias de Valladolid y Madrid, aunque la actividad mercantil de todas ellas se realizaba en la provincia de Palencia.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Palencia en virtud de una serie de indicios detectados como consecuencia del trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como de un informe del Servicio de Prevención de Lucha contra el Fraude de dicha dirección provincial, pieza clave de la investigación policial.