El Consejo de Europa rechaza la Ley mordaza

Albacete

El Consejo de Europa ha emitido un detallado informe sobre nuestra Ley de protección de la seguridad ciudadana, la famosa Ley Mordaza que denuncia serias vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho Convenio, ratificado en su día por España, forma parte de nuestra legislación; no se trata, por tanto, de una norma que pueda cumplirse o no sino que debe cumplirse absolutamente.

Pues bien, este organismo europeo, que aglutina a los países de la Unión Europea pero también a otros más allá de sus fronteras -como Noruega, Rusia o Islandia-, ha dictaminado que nuestro Parlamento debe corregir dicha Ley en varios aspectos.

En primer lugar, por lo que se refiere a las sanciones, su elevadísima cuantía (que puede alcanzar los 600.000€), aunque formalmente son de naturaleza administrativa -como una multa de tráfico-, su grado de aflicción es tal que debería considerarse una sanción penal. Y ello repercute en las garantías que se incumplen respecto a los ciudadanos sancionados, contra los cuales pesa muchísimo la versión policial, que tiene patente de autoridad, lo que limita sobremanera las posibilidades de defensa.

En sus Conclusiones, la Comisión del Consejo de Europa advierte especialmente sobre la falta de seguridad jurídica frente a unas infracciones que la ley formula de manera abierta e indeterminada, lo que coadyuva a una mayor arbitrariedad de la administración policial. Esto también debería corregirse.

En segundo lugar, por lo que se refiere al sistema de "rechazo en frontera" de inmigrantes en Ceuta y Melilla, se reconoce que el Tribunal de Estrasburgo convalidó esta práctica, pero se ruega a las autoridades españolas que ese sistema no se convierta en una vía de escape para no cumplir nunca los procedimientos establecidos en la Ley de asilo. La "devolución en caliente" de inmigrantes no puede ser considerada el sistema habitual y deberían respetarse los derechos de estas personas.

Quizá convenga recordar aquí el ejemplo de un país como Jordania, que hace ya dos meses comenzó a vacunar contra el covid-19 a los 750.000 refugiados, un hecho destacado por Naciones Unidas como ejemplo de respeto a los derechos humanos. Deberíamos tomar nota.