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La posible remunicipalización del agua publica en Castelló divide al equipo de gobierno

Ayuntamiento de Castelló / Javier Quesada - Radio Castellón

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La posible remunicipalización del agua publica en Castelló divide al equipo de gobierno. Mientras Podem-Esquerra Unida, responsonsable de la moción, y Compromís están a favor del estudio de que el consistorio gestione directamente este servicio, PSOE vota en contra y alega que no hay suficiente tiempo para estudiar la propuesta.

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha votado este jueves una moción presentada por Podem-Esquerra Unida para pedir la finalización de la concesión del servicio de agua potable a Facsa, en vigor desde 1983, y crear una comisión permanente para estudiar su gestión. La moción ha sido rechazada con cuatro votos en contra, por parte de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, y dos favor, de Podem y Compromís. Un resultado en la votación que ha mostrado las diferencias entre los socios de gobierno, PSOE, Compromís y Podem.

El portavoz de Podem, Fernando Navarro, ha defendido la moción recordando que la concesión de la gestión del agua en la ciudad de Castelló desde hace 38 años a la misma empresa requiere la revisión del contrato, apuntan, más importante del Consistorio. Asegura que en estas cerca de cuatro décadas no se ha modificado el contrato y que el Ayuntamiento podría gestionar directamente este servicio, como ya lo han hecho otras ciudades.

El portavoz de Podem, Fernando Navarro

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Desde Compromís, que ha sido el segundo voto a favor de la moción, Ignasi Garcia, ha afirmado que desde 1983 el contexto ha cambiado y que el contrato de la gestión del agua con Facsa debe revisarse. Considera que no se puede prorrogar cinco años más ese contrato sin que el consistorio tenga información respondida por la empresa como las inversiones que realiza o el agua que se filtra.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia

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PSOE, que ha votado en contra de estudiar la remunicipalización del servicio del agua en la ciudad, asegura que aunque comparten que sí que debe revisarse el contrato con Facsa y crear una comisión de de estudio de la gestión, los servicios técnicos del Ayuntamiento no tienen tiempo de realizar informes antes de 2023, cuando finaliza el contrato actual con la empresa. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento es José Luís López.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento es José Luís López

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Desde el PP, Begoña Carrasco, ha asegurado que el equipo de gobierno ha demostrado falta de gestión duante las dos legislaturas al frente del Ayuntamiento de Castelló y que duda que puedan municipalizar el servicio del agua sin crear más problemas.

Begoña Carrasco, del PP de Castelló

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El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Castellón, Alejandro Marín-Buck, ha denunciado que Podem- Esquerra Unida ha ido en contra de la normativa jurídica al llevar a pleno la posibilidad de que el Ayuntamiento gestione el servicio del agua, ya que, apunta, debe ser en la junta de gobierno local donde se realicen estas propuestas. Buck ha acusado a Podem de hacer campaña.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Castellón, Alejandro Marín-Buck

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Como Ciudadanos, el portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Luciano Ferrer, ha defendido su voto en contra de la moción porque no es el pleno quien debe decidir sobre la gestión del agua y ha asegurado que la iniciativa de Podem es un despropósito.

El portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Luciano Ferrer

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En su iniciativa plenaria, la coalición de izquierdas ha pedido a la Corporación que denuncie la finalización de la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable en Castelló a partir del 1 de abril de 2023, cuando acaba la prórroga del contrato actual y que se inicie el régimen transitorio que el mismo contrato estipula para el momento de su conclusión. Al mismo tiempo, pide que se constituya una comisión no permanente de la gestión del agua potable, que elabore un estudio de viabilidad económico-financiero sobre la gestión del servicio público. La coalición explica que la actual concesión del agua potable se firmó en 1983 por un plazo inicial de 20 años, prorrogable cinco años hasta un máximo de 50 siempre que el ayuntamiento no denuncie su finalización con dos años de antelación al vencimiento de cada prórroga.

 
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