La Generalitat recurre al Tribunal Supremo para que el plan de acción de protección de la costa siga en vigor
Una medida que el gobierno valenciano lleva a cabo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que en febrero anuló este plan
La Generalitat recurre al Tribunal Supremo para que el plan de acción de protección de la costa siga en vigor / Radio Castellón
Castellón
La Generalitat recurre al Tribunal Supremo para que el plan de acción de protección de la costa, el PATIVEL, siga en vigor. Una medida que el gobierno valenciano lleva a cabo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que en febrero anuló este plan.
El PATIVEL, el plan de acción territorial de la infraestructura verde, fue impulsado por la Generalitat para proteger las zonas verdes. Entre otras medidas, impedía construir a menos de dos kilómetros de la costa. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat lo anuló en el mes de febrero, después de que varios ayuntamientos afectados iniciaron un proceso judicial.
El gobierno valenciano considera que la sentencia no entra a valorar el contenido del plan de acción como herramienta de protección del litoral, sino aspectos formales del mismo, y asegura que sí existen informes técnicos presentados, pero la sala los considera insuficientes.
El conseller de Política Territorial, Arcadi España, ha señalado hoy en declaraciones a los medios de comunicación, que ayer presentaron el recurso ante el Tribunal Supremo y advierte que hasta que no exista una sentencia firme, el PATIVEL sigue en vigor.
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El conseller de Política Territorial, Arcadi España
El Alcalde de Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan, ha señalado que exigen a la Generalitat un PATIVEL nuevo que proteja al medio ambiente.
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El Alcalde de Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan
Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat también comunicó el fallo a favor del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre contra el PATIVEL, El consistorio llevó este plan a los tribunales y ahora la sentencia establece que no contaba con un estudio económico y financiero, y no fue sometido a una evaluación ambiental y estratégica.
