Las personas sordas frente a la pandemia: "La mascarilla es el menor de nuestros problemas"

La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba (APPSC) cuenta con más de 120 inscritos, aunque el número de afectados con discapacidad auditiva es mucho mayor. Atienden a todo aquel que lo necesite, desde el plano educativo o de integración hasta el laboral. «Una discapacidad invisible», nos alertan nada más cruzar las puertas de su sede en Avenida del Corregidor. Nos recibe Lucía Espejo, tiene 29 años y es licenciada en Historia del Arte. Pero necesitamos a Inmaculada Sánchez, la única intérprete de lengua de signos de la que dispone la asociación de acuerdo a la subvención de la Junta de Andalucía (que en ocasiones no cubre el año completo). Debe atender tanto a las necesidades de traducción de los usuarios como de las personas que lo requieran. Puede asistir desde una cita médica, un trámite con la administración o, como en este caso, hacer posible una entrevista. Será Inmaculada quien, una vez más, ponga voz a Lucía. En general, la mascarilla como elemento fundamental para prevenir el contagio por coronavirus, nos genera agobio, nos empaña las gafas o nos incomoda. A todo esto, para las personas sordas se añade una dificultad más para comunicarse, dado que pierden el apoyo de la lectura labial. Lucía reconoce que «la mascarilla para nosotros rompe un punto de apoyo, pero con la lectura labial no puedes saberlo todo y afortunadamente contamos con la lengua de signos». Eso sí, las macarilla también oculta la expresión facial, algo fundamental para las personas con discapacidad auditiva. «En una conversación con la mascarilla y puedo confundir dulce con dolor, por ejemplo», explica demostrando una gesticulación muy parecida. Pero apostilla que «la barreras para personas sordas siguen siendo las mismas de antes». No obstante, alerta que la pandemia ha implantado la comunicación telemática como medio preferente. Y ahí llegan más problemas: «Todo es por teléfono y las restricciones al derecho de reunión han generado bastante ansiedad entre nosotros, especialmente en personas mayores, que ya no pueden quedar ni siquiera en la sede de la asociación para relacionarse», lamenta. «Las personas que podéis oír habéis llegado ahora al mundo de la videoconferencia, pero nosotros llevamos mucho tiempo usándolas», bromea Lucía no sin poner de relieve que «las personas mayores no se desenvuelven igual de bien con las nuevas tecnologías, por lo que hay una brecha más para ellos que durante este año han sentido muchísimo la soledad». Por ello, la APPSC ha tenido que hacer un esfuerzo «extraordinario» para atender todas las demandas de ayuda que han surgido desde marzo de 2020. Doblando turnos, desplazándo a una sola intérprete por toda la provincia de Córdoba o gestionando los diferentes trámites con la administración que han sido necesarios tales como solicitar una prestación o gestionar un E.R.T.E. con el Servicio Estatal de Empleo (SEPE). En este sentido, Lucía apunta también a la complicada situación que atraviesan los menores sordos en edad escolar. Se suma un panorama muy cambiante: restricciones que se modifican cada semana o nuevos datos sobre la Covid-19 a los que, muchas veces, las personas sordas no tienen acceso a través de los canales audiovisuales. Por ello, la asociación también trabaja en vídeos elaborados por voluntarios para ofrecer esta información de servicio. Lucía pone el acento en que su discapacidad convierte la búsqueda de empleo en todo un reto. «¿No oyes? No vales», exclama antes de introducir una anécdota personal, en la que fue seleccionada para un trabajo tras entregar un currículum en el que no especificaba que era sorda. «En cuanto la empresa tuvo conocimiento, no volvieron a llamar nunca; y esto supone una clara discriminación». Por ello, hace énfasis en que «además del lenguaje de singos, podemos utilizar el correo electrónico o la mensajería instantánea para comunicarnos, sin ningún problema». Aunque, lamenta, «eso no se tiene en cuenta». «Hay mucho discurso con la igualdad de oportunidades, pero no es real». Y es una realidad que, según Lucía, «vemos en la asociación día tras día: con personas graduadas superiores o con título universitario que no logran un empleo acorde a su titulación». Así, la falta de personal de interpretación se convierte en otra lacra. «En enero y febrero de 2021 nos quedamos sin intérprete por lo que la asociación tuvo que contratarlo con sus fondos propios», explica. Y aunque pone en valor que instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba cuenten con su propio servicio de interpretación (desde 2020, a través de un contrato de la concejalía de Inclusión), Lucía manfiesta que «no es algo extendido a todas las instituciones y organismos». «Las personas sordas, como todas, necesitan ir al médico o al Servicio Andaluz de Empleo; y ahí no queda otra que recurrir al intérprete que nos permite tener la subvención de la Fundación Andalucía Accesible a través de la Junta». Sin embargo, es uno solo de estos profesionales el que tiene que atender toda la provincia, al igual que en el resto de territorios de la región. Lucía reivindica que «tener un intérprete no puede convertirse en un artículo de lujo, porque es un derecho». Es más, añade, «en casi cualquier institución pública tienes traducción al inglés, al francés o al alemán, pero no a lengua de signos». Esta situación lleva a que muchas personas con discapacidad auditiva tengan que recurrir al pago de un profesional de la interpretación pagándolo de su propio bolsillo. Y esto es algo no siempre posible teniendo en cuenta su limitación para encontrar empleo. «Se han olvidado de nosotros y muchas veces me siento una extranjera en mi país», eso sí, concluye Lucía, «excepto para el pago de impuestos».

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Álvaro Guerrero Jiménez

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