La Agencia Antifraude remitió dos investigaciones al juzgado y cuatro al Tribunal de Cuentas

Valencia

La Agencia Valenciana Antifraude trasladó en 2020 dos de sus expedientes de investigación a órganos judiciales y remitió cuatro al Tribunal de Cuentas, según refleja la última memoria de la institución, entregada este martes a Les Corts por su director, Joan Llinares.

En la Ventana Comunitat Valenciana Llinares ha explicado los contenidos de la memoria durante 2020. Se abrieron 226 expedientes, un 34' 52 % más en el año anterior; que la mayoría de denuncias presentadas se refieren a Administraciones municipales (el 64 %), seguidas de las de la Generalitat (22 %), y que desde la puesta en marcha de la Agencia se ha dado protección a 24 denunciantes.

La mayoría de denuncias se han centrado en la contratación pública   y en la gestión de los recursos humanos , según señala la memoria, que refleja también que el 40' 27 % de las denuncias se han presentado de forma anónima y que desde la puesta en marcha de la institución, en 2017, se han abierto 610 expedientes, de los que se han resuelto el 47 %.  Llinares  ha señalado que " hay miedo a denunciar" de ahí la necesidad de la Agencia, que favorece  el anonimato " porque hay mucho miedo a las represalias por denunciar la corrupción"

El director de la Agencia ha señalado  también que cuando en sus investigaciones de malas prácticas o irregularidades administrativas detectan un ilícito penal, interrumpen su análisis y lo remiten al Ministerio Fiscal o al Tribunal de Cuentas, como en casos de "favoritismo" en la adjudicación de recursos humanos.

Ha explicado que también han dado traslado de contratos de "gran cuantía que se trocean en menores para eludir o burlar la obligatoriedad" de hacer una licitación pública, pues han detectado "casos muy flagrantes" de esos fraccionamientos, en los que puede haber en principio prevaricación y quizá también malversación.

El director de la Agencia Antifraude ha indicado asimismo que han llevado a los juzgados subvenciones en las que han detectado conductas que no son un "simple error" o una "irregularidad administrativa", sino comportamientos "intencionados para beneficiar", o "engaños" a la Administración en la justificación de las subvenciones.

Respecto a la memoria, ha alertado de que han detectado muchos ejemplos de pagos de facturas sin contrato, cuando finalizan contratos y no se vuelve a hacer una licitación y se sigue pagando una "especie de prórroga indefinida que a veces dura años", y que hacen que las empresas tengan "cautivas" a las Administraciones.

Ha añadido que suelen referirse a servicios esenciales que no se pueden dejar de prestar, como comedores sociales o escolares, o la grúa municipal, algo de lo que algunas empresas se aprovechan y meses después de la adjudicación piden mejoras con la amenaza de dejar el servicio y se le conceden, con lo que el concurso público "no ha servido para nada".

Escucha la entrevista en la Ventana Comunitat Valenciana