"Si no paga los 614 euros que debe, se producirá el corte de luz en breve"

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de forma conjunta, han desarticulado un grupo de expertos estafadores que simulaban ser operarios de compañías eléctricas para engañar a comerciantes, principalmente de zonas turísticas, deteniendo a 58 personas e investigando a otras 12 como presuntos responsables de 167 estafas en España, lo que les habrían reportado más de 220.000 euros de beneficio.

La investigación se inició tras detectar una serie de denuncias que tenían el mismo denominador común en todo el territorio nacional, principalmente, en zonas turísticas de las islas de Tenerife y Gran Canaria, según han informado Policía Nacional y Guardia Civil.

En este sentido, descubrieron que el grupo criminal se encontraba asentado en las provincias de Barcelona y Castellón, y estaba dedicado presuntamente a la comisión de estafas mediante el engaño a los dueños o responsables de comercios y negocios, principalmente hostelería.

Para ello, los detenidos tenían información privilegiada que obtenían por los cabecillas de trama, toda vez que habían trabajado como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras de empresas luz y/o gas, o bien por estar en posesión de suficientes conocimientos técnicos sobre el sector.

De este modo, tras efectuar llamadas a los comercios y facilitar datos verídicos y creíbles sobre los contratos con las diferentes compañías suministradoras de energía, les convencían de la existencia de pagos sin ejecutar, con la consiguiente deuda con las compañías suministradoras contratadas.

Así, bajo la amenaza de que procederían al corte inminente del suministro si no abonaban la deuda, infundían el temor a sus víctimas, y ante un posible corte de luz que conllevaría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes que van a hacer uso de sus servicios, decidían a hacer efectivos esos pagos mediante transferencias bancarias a cuentas que les facilitan los estafadores.

Posteriormente, una vez realizado el ingreso, los estafadores retiraban el dinero en cajeros, o bien transferían los fondos a terceras cuentas de otros componentes del la organización, conocidos como mulas, y así lograban evitar que el dinero no fuera bloqueado o reembolsado al pagador.

Además, para dilatar la reacción de las víctimas se efectuaban las llamadas en fin de semana, cuando los comercios están en periodo de máxima afluencia, de tal forma que conseguían retrasar que las víctimas efectuasen gestiones para verificar si dicha deuda era verídica.

La operación ha permitido determinar que unas 167 personas han sido víctimas de las estafas del grupo investigado, ascendiendo el valor total de lo defraudado a más de 220.000 euros, si bien el número de afectados podría ser mucho mayor al no haber concluido la investigación. Las supuestas deudas por facturas impagadas oscilaban entre los 300 y los 10.000 euros, en función del tipo de comercio al que querían estafar.

Asimismo, se ha puntualizado que durante el periodo afectado por la pandemia del coronavirus, el grupo modificó el destino de las llamadas con motivo del efecto de las restricciones para la apertura de los comercios, pudiendo detectar numerosas llamadas a negocios de primera necesidad, tales como panaderías.