Derecho a una muerte digna

Palencia

Hemos conocido la aprobación de la conocida como Ley de Eutanasia o por decirlo en términos legales la Ley que regula el derecho a una muerte digna. Si hemos oído bien, esto supone un nuevo derecho incluido en el Servicio nacional de Salud, y por tanto financiado públicamente.

Y claro otra vez, PP y Vox, las derechas ultras se han quedado solos votando en contra de un derecho. Esto no es obligatorio, lo mismo que no lo es el matrimonio homosexual, el divorcio o el aborto, son derechos que quien lo necesita los puede ejercer de manera libre y voluntaria y supone una gran mejora en su vida.

Con esta ley, otra vez la Iglesia cabreada y anunciando medidas y proclamas desde los púlpitos en contra de ayudar a las personas a tener una muerte digna.

Bueno, que la iglesia esté en contra de los derechos ya no me sorprende, pero si soy sincera, a mí lo que me cabrea es la postura del gobierno con relación a la iglesia.

Hemos conocido después de insistir mucho, el listado de inmatriculaciones, es decir de bienes que la iglesia ha puesto a su nombres cuando eran bienes públicos, comunales y de todo el pueblo. Y ante esto el gobierno no ha dado ningún paso para anular la ley y devolver las propiedades. Tampoco ha puesto en marcha ningún mecanismo para que paguen el IBI de sus propiedades y son muchas. Tampoco tenemos ninguna propuesta del Gobierno sobre un Reglamento de estado laico - a confesional que dice la constitución - en todo el país y regular los símbolos religiosos en las instituciones o la presencia de representantes políticos representando las instituciones en los actos religiosos. Y con muchos matices tampoco han completado una verdadera escuela laica en la nueva ley Celaa, solo han hecho que la nota en religión no cuente.

Espero que de verdad sea underecho que se aplique en la sanidad pública y no pase como con el derecho al Aborto. En 2019 en Palencia se comunicaron 177 interrupciones voluntarias de embarazo de las que 118 se hicieron con financiación privada. Y todo porque en Castilla y León no hay hospitales públicos para hacerlo y solo hay clínicas privadas autorizadas en Valladolid, León y Salamanca. En la práctica la objeción de conciencia de profesionales médicos, supone impedir el ejercicio de un derecho a las mujeres que lo necesitan.

Es necesario poder ejercer los derechos en la sanidad pública es la única garantía de que se puedan ejercer por todas las personas que lo necesiten.