Justicia

León

Han tenido que pasar más de siete años desde que 6 jóvenes mineros dejaran la vida en Llombera para que se inicie el juicio. Este retraso es, en si mismo, un insulto insufrible a las familias de las víctimas que arrastran una pérdida irreparable mientras esperan que alguien haga justicia. En estos días de pasión cristiana, la madre de uno de los muertos lo ha denominado calvario. El diccionario de la RAE nunca alcanza esta precisión.

Pero es además un síntoma transparente de la ruina que amenaza nuestro sistema judicial y del descrédito que arrastra entre amplias capas de la sociedad. La ley nunca alcanza a los poderosos y, si lo hace, es con una magnanimidad vergonzosa.

Siete años después el juicio ha durado un día y ha tenido que suspenderse porque los acusados han recordado súbitamente que existían pólizas de seguro que quizás cubran las responsabilidades civiles. Este inesperado ataque de memoria retrata a una casta patronal que niega los derechos de los trabajadores sistemáticamente y desprecia su humanidad.

Cabría preguntarse también por el paradero del juez instructor que nunca preguntó por la existencia de los citados seguros. Quizás esté perdido entre una montaña de legajos, recursos y autos que sólo sirven para ahogar la verdadera administración de justicia.

Podríamos pensar que este es un caso aislado y más doloroso por cercano, pero los papeles nos dicen que en el 2019 murieron 695 trabajadores en accidente laboral , y el año pasado, en plena pandemia y con la economía congelada 780. La inmensa mayoría lo son por incumplimientos graves en la seguridad de los tajos. Hay leyes y los empresarios están obligados a cumplirlas, pero cuando la inspección de trabajo no da abasto y los jueces se ausentan de sus obligaciones, se convierten en papel mojado. Un infame y vergonzoso papel mojado que nos retrata como sociedad y es la mortaja con la que enterramos siempre a los más débiles.