Maeztu exige un "verdadero" sistema de protección para los más vulnerables
Las consultas al Defensor del Pueblo se incrementaron un 25 por ciento en 2020, y las quejas un 25 por ciento. El 26 por ciento de las actuaciones no prosperaron por falta de colaboración de las administraciones
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, durante la presentación del informe de la instución correspondiente a 2020. / Europa Press
Sevilla
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy un sistema integral de acogida para la adecuada atención de los colectivos vulnerables y ha advertido de que el impacto de la pandemia "ha incrementado" el riesgo de pobreza y exclusión social, y la desigualdad existente en Andalucía.
Después de entregar del Informe Anual 2020 a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el defensor del Pueblo andaluz ha reivindicado la construcción de un "verdadero sistema de protección" para los colectivos que necesitan de una ayuda pública.
Como ejemplo, ha puesto a las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales, las personas dependientes o con discapacidad, los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados o las personas que padecen una enfermedad mental.
"Estos colectivos necesitan de un sistema de primera acogida bien planificado y dimensionado que les marque un itinerario hacia la inclusión", ha señalado el Defensor.
Estas necesidades están identificadas en el balance del Informe Anual 2020, en el que la Institución ha vuelto a superar sus registros históricos con 29.823 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía.
Estas se reparten entre la gestión de 12.573 quejas, de las que 8.752 fueron nuevas (8.665 a instancia de parte y 87 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; la atención de 16.828 consultas, y 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, o informes especiales).
Las consultas se incrementaron en un 25 por ciento y quejas en un 15 por ciento, por los problemas relacionados con la pandemia.
En total, fueron 35.146 personas las que requirieron el pasado año la intervención de este comisionado parlamentario.
Maeztu ha demandado en rueda de prensa la urgencia de un reforzamiento de los servicios sanitarios y sociales y ha considerado que la crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de "cuidados".
Por ello, ha defendido la reorientación de las políticas públicas hacia la generación de empleo en los cuidados tanto de personas mayores como de la infancia y la adolescencia, así como en el tratamiento de la salud mental, "agravada" por la covid-19, ha apostillado.
El informe emplaza también a las administraciones a que garanticen la igualdad real de toda la ciudadanía, ya que el impacto de la pandemia "ha incrementado" el riesgo de pobreza y exclusión social, y la desigualdad existente en Andalucía.
De igual forma, aboga por la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, y reclamado una administración "humanizada".
Las personas se han encontrado con el colapso o mala atención en los servicios de información o reserva de citas, lo que ha aumentado la desesperación de la ciudadanía y las demandas de ayudas y asesoramiento ante la Oficina del Defensor, ha asegurado Maeztu.
"Necesitamos de las administraciones que ofrezcan una información clara, coherente, sencilla, veraz e inequívoca", ha expuesto, al tiempo que ha advertido que la brecha digital "amenaza con convertirse" en una nueva forma de exclusión social.
