Miércoles, 21 de Abril de 2021

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Colinas lleva a Miravalles al juzgado por pagar asesoramiento al ex secretario provincial del PSOE

El actual alcalde de Roa dice que los informes de las consultas en que se basan las facturas .no figuran en el Ayuntamiento, mientras que su predecesora considera que la denuncia es una revancha por el último logro del grupo socialista en cuestiones judiciales

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Roa

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Roa / Cadena SER

El alcalde de Roa, David Colinas, ha presentado una denuncia contra su predecesora en relación a tres facturas que durante su mandato expidió a favor de una consultoría regentada por el que fuera en su día secretario provincial del PSOE José María Jiménez, a la que acudió para solicitar asesoramiento en relación a unas cuestiones del Ayuntamiento.

El grupo Popular en el mandato anterior desde la oposición ya le pidió cuentas a Carmen Miravalles sobre estas facturas por las dudas que le suscitaban, a lo que la entonces alcaldesa aclaró que el servicio contratado no era de asesoramiento personal sino relativo a problemas de los ciudadanos, reconociendo sus limitaciones para resolverlos.

El asunto, ya con el gobierno actual popular, volvió a ponerse de manifiesto en la comisión de Cuentas, donde Miravalles detalló que la ayuda solicitada era sobre dos fachadas que invadían el dominio público y unas facturas emitidas por el supermercado que regenta Colinas. Pero este último considera que su predecesora dio en su día explicaciones poco claras y, lo más sospechoso es que los informes por los que pagó estas facturas con dinero de las arcas municipales no aparecen por ningún lado. “Mandamos un burofax a la empresa que emitió estas facturas para pedir una copia de estos informes y a día de hoy no nos han contestado; no existen informes y a mí me parece bien que haga lo que quiera, pero que lo pague ella”, dice el presidente de la Corporación raudense, que añade que el secretario municipal en su momento emitió un informe diciendo que no procede que el Ayuntamiento solicite asesoramiento privado.

Sin embargo, la hoy portavoz socialista insiste en que no hay nada de particular en que como responsable municipal y ante las dudas que tenía sobre determinados asuntos, a pesar de contar con los informes técnicos del Ayuntamiento y de la Diputación, recurriera a los servicios de esta empresa para actuar sobre seguro, sin que tenga sentido buscar tintes partidistas a esta decisión. “Al no estar segura, pedí informes adicionales a esta empresa, como se los podía haber pedido a cualquier otra, aunque sí que es cierto que en ésta trabajaban personas conocidas por mí, que en ese momento no estaban relacionadas en nada referente al partido”, justifica Miravalles, que da un paso más allá al defender su inocencia, diciendo que en el Ayuntamiento de Roa se han generado en su momento muchas más facturas que podrían ser susceptibles de una investigación judicial al figurar como interesado el actual alcalde. “Eran facturas que expedía el propio alcalde desde su tienda y las firmaba para pagárselas a él mismo y de esas hay unas cuantas en el Ayuntamiento y bastantes más en la Fundación Raudense de la Tercera Edad, de donde él es presidente”, recalca la ex alcaldesa.

A este respecto, Colinas recuerda que esta cuestión ya estuvo en manos de la justicia en su momento, que decidió archivar el asunto por entender que no había materia constitutiva de delito alguno. “Esta mujer se dedica a querer confundir la realidad, porque desde que ocurrió esto no hay facturas y las que hubo en su día se generaron porque hubo una compra de productos de los que no había más oferta en Roa y al director de la Fundación le interesaba comprar ciertos productos, que estaban más baratos que en otros sitios”, justifica Colinas.

La ex regidora socialista sospecha que esta denuncia pretende ser una revancha después de que el grupo socialista lograra que el tribunal Contencioso Administrativo haya reconocido que el Ayuntamiento tiene que reclamar a la empresa que organizó la última feria taurina 3.000 más de los que le había retenido por vulnerar el pliego de condiciones al no cumplir los toreros con el escalafón mínimo obligatorio, declarando nulos los decretos por los que pretendía rebajar la penalización.

 

 

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