El Gobierno vasco mantiene su intención de explorar si hay gas en Subijana

Vitoria

El Gobierno vasco mantiene su intención de explorar la existencia de gas en el pozo Armentia-2, en Subijana (Vitoria), a pesar de la aprobación este jueves en el Congreso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que aún debe ser ratificada por el Senado.

La nueva norma, que contó con el voto favorable de los partidos coaligados en el Ejecutivo autonómico (PNV y PSE), prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles. En principio la ley no afectaría al permiso de exploración en Subijana porque no tiene carácter retroactivo pero sí impediría explotar un posible yacimiento.

En todo caso el asunto está en manos de los tribunales ya que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha recurrido ante la justicia la denegación por parte del Ayuntamiento de Vitoria de la licencia para la exploración -que sí cuenta con el visto bueno medioambiental del Ministerio- por ser contraria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La Sociedad de Hidrocarbuross del Gobierno Vasco (Shesa) piensa mantener su recurso judicial y una vez que la citada ley sea aprobada de manera definitiva analizará el texto "detenidamente" para saber con exactitud su afección a una hipotética explotación en Subijana, han informado fuentes del Departamento de Sostenibilidad, Desarrollo Económico y Medio Ambiente.

Por su parte, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, se ha mostrado "satisfecho" por la aprobación de la ley y ha destacado el voto favorable tanto del PSOE como del PNV. Sin querer pronunciarse sobre la postura del Gobierno vasco, ha reiterado la defensa del PGOU, que prohíbe la exploración y explotación de gas.

De esta manera, Ejecutivo y Ayuntamiento, ambos gobernados en coalición por PNV y PSE, mantienen posturas contrarias en torno al proyecto de gas de Subijana, un asunto que fue clave para que el Consistorio pudiera aprobar sus presupuestos de este año.

Nacionalistas y socialistas están en minoría en la institución local y Elkarrekin -que había favorecido la aprobación de las cuentas el año anterior- impuso como requisito indispensable para iniciar las negociaciones que se denegara el permiso de exploración.

La decisión de rechazarlo permitió el acuerdo presupuestario, pero no sirvió para dar carpetazo al asunto porque el Gobierno Vasco decidió recurrir a la justicia, una decisión que fue criticada por los partidos de la oposición.