Jorge Ignacio Palma, sospechoso del crimen de Marta Calvo, es acusado de 33 delitos a 10 mujeres

Valencia

Jorge Ignacio Palma autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo y principal sospechoso del asesinato de otras dos jóvenes y del ataque a otras siete, ha comparecido este martes en el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia para escuchar los 33 delitos que, según el fiscal y las acusaciones, pudo cometer sobre 10 mujeres. 

Así, tanto la Fiscalía como las acusaciones han reclamado que este hombre sea procesado por asesinato, agresión sexual, omisión del deber de socorro y delito contra la integridad moral de las víctimas, y las acusaciones particulares han añadido el de delito contra la salud pública, por el supuesto uso de cocaína u otras sustancias de las pudo hacer uso el sospechoso.

La abogada de la madre de Marta Calvo, Pilar Jové, ha destacado el hecho de que "hoy se han concretado las imputaciones definitivas por todas las mujeres, siete vivas y tres fallecidas", que ascienden a un total de 33 delitos.

En el transcurso de la vista, Jové ha preguntado -a través del juez- al acusado dónde estaba el cuerpo de Marta Calvo, a lo que el acusado ha respondido -según la versión de los letrados- con vehemencia e insistiendo en que ya lo dijo a la Guardia Civil, en alusión a los contenedores de basura donde supuestamente arrojó el cadáver descuartizado.

Asimismo, siempre según el testimonio de los letrados, el acusado ha negado que causase la muerte a nadie y ha afirmado que eran las mujeres quienes le vendían la droga.

El detenido, que se entregó el 4 de diciembre de 2019 en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia), y permanece en prisión preventiva desde entonces, está investigado por el fallecimiento de Marta Calvo y otras dos mujeres (Arlene y Lady Marcela, ambas en la ciudad de València), además de otros cinco homicidios en grado de tentativa.

Jorge Ignacio Palma fue denunciado por otras chicas por la práctica de relaciones sexuales con cocaína, una sustancia que pudo haber sido determinante en la intoxicación fatal de las jóvenes y que pudo haber utilizado junto a alguna otra droga para adormecerlas, según sostienen las acusaciones.

El uso de estas sustancias -tanto de la cocaína por vía anal o vaginal como la droga desconocida que se sospecha que pudo introducir en bebidas- pudieron hacer perder la consciencia a varias de sus víctimas.

El letrado Juan Carlos Navarro, que representa a dos de las víctimas mortales y a otras cinco supervivientes, en un escrito remitido al juez instructor al que ha tenido acceso EFE, relata que "existe un patrón en el modus operandi del investigado" que se concreta en una "triple secuencia alevosa".

"Siempre contrata a mujeres que se prestan a consumir una sustancia estupefaciente y practicar sexo. Con este objetivo, genera en ellas una situación de confianza. No las elige para practicar sexo, sino que su propósito es acceder a su vagina o recto e introducirles cocaína, que por cantidad y pureza, resulta letal".

Además, sostiene que el acusado introducía alguna sustancia en bebidas que ofrecía a las víctimas "que disminuye las facultades volitivas" para que no ofreciesen resistencia al ataque siguiente.

"Una vez la mujer ya ha consumido cocaína esnifada y esa sustancia de 'atontamiento', el acusado inicia el uso del arma homicida, que es la introducción de cocaína de gran pureza en cantidad letal en las partes íntimas de las mujeres. Se trata de cocaína en roca, bolas o rocas del tamaño de un garbanzo", según detalla Navarro en su escrito.

En algunos casos -añade este letrado- las mujeres pudieron reaccionar y expulsar de su cuerpo las sustancias estupefacientes, pero en otros provocó su muerte.

Por estos motivos, las acusaciones reclaman que se añada a la causa la agravante de género, pues "los hechos han sido cometidos contra mujeres por el hecho de serlo y con la intención de dejar patente un sentimiento de superioridad", además del trato degradante que se traduce en un delito contra la integridad moral, por "usar a las mujeres de forma instrumental, contratándolas con la excusa de realizar actos sexuales y, sin embargo, pretender dominarlas y someterlas a su perversión.

Por último, las acusaciones particulares han reclamado al juez que pida a Instituto de Medicina Legal o a la Facultad de Medicina que expertos en anestesiología se pronuncien sobre la posible presencia de algún tupo de sustancia tóxica o relajante, diferente a la cocaína, en los análisis practicados a las víctimas.