Debate feminista sobre la prostitución: ¿legalización o abolición?

Albacete

El Gobierno ha anunciado su propósito de enfrentarse a uno de los problemas más polémicos de nuestra sociedad: qué hacer con la prostitución, inevitablemente está ligada al sexo femenino, porque la cifra de hombres que la ejerce es muy baja. El hombre es el cliente en esa transacción. El servicio sexual lo realiza la mujer.

Desde la conciencia feminista, la prostitución se aborda desde dos posturas muy contradictorias entre sí. Por una parte, la tradición obrerista de la izquierda ha tendido a procurar la regularización de las denominadas "trabajadoras sexuales", procurando su alta en la Seguridad Social, condiciones económicas y sanitarias dignas en su trabajo y posibilidad de sindicación frente al empresario. Se parte de la base de que muchas de ellas lo ejercen libremente.

Desde otro punto de vista, se prefiere hablar de proxeneta mejor que de empresario, porque en definitiva esos dueños de clubs de carretera, pisos o lo que sea se aprovechan de las relaciones sexuales de mujeres que en la mayoría de los casos son reclutadas en redes de trata de personas, a las que prácticamente se les secuestra en ese mundo confinado, sin posibilidad alguna de ejercer ni siquiera los derechos más elementales. La indignidad de la relación sexual en esas condiciones elimina por completo la ficción del consentimiento.

¿Qué solución adoptar? Hasta ahora nuestro Código Penal sólo castiga a esos "empresarios" si se demuestra que se benefician de la prostitución mediante violencia, intimidación o engaño, o se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima. Al cliente sólo se le castiga si contrata a una mujer menor de edad.

El planteamiento del proyecto que anuncia el Gobierno es de signo abolicionista lo que convertiría en ilegal al "empresario" y al "cliente" de la prostitución.

En Francia se aprobó una Ley en ese sentido hace cinco años que fue impugnada ante el Consejo Constitucional francés por la organización Médicos del Mundo, por Sindicatos de trabajadoras sexuales, etc., aduciendo que vulneraba la autonomía individual de un adulto para prostituirse y la libertad de empresa.

Pero el Consejo entendió que era válida esa abolición de la prostitución porque su finalidad era erradicar de verdad el proxenetismo y la trata de personas, actividades delictivas basadas en la coerción y la esclavitud del ser humano. Con ello se garantiza la protección de la dignidad de la persona".

Ese es también el argumento del proyecto abolicionista que prepara el Gobierno, que deberá sortear todavía obstáculos nada pequeños, entre otros el del feminismo que prefiere regular a prohibir. La polémica, por tanto, está servida.