La Generalitat incumple su propia ley y deja más de 40 residencias de mayores sin inspeccionar en 2020

Barcelona

La Generalitat no ha cumplido su propia ley en materia de inspecciones de servicios sociales en las residencias de gente mayor, según puede avanzar la Cadena SER. Son investigaciones que se hacen para garantizar que en los centros hay las condiciones adecuadas para el bienestar de las personas mayores que viven ahí. Esta normativa deja claro que hay que inspeccionar al menos una vez al año todas las residencias de Cataluña, sean públicas, privadas o concertadas.

Esto no se cumplió el año 2020. En Cataluña hay 972 residencias, y se han hecho 930 inspecciones, la cifra más baja de los últimos 5 años, de forma que es imposible que se haya ido una vez a cada centro para inspeccionarlo. Es más, hay que recordar que en 2020 la Generalitat intervino 36 residencias y clausuró otras 7 de forma definitiva, de modo que es probable que en algunos centros se haya inspeccionado más de una vez. Así pues, sabemos que hay como mínimo 42 residencias sin inspeccionar, pero la cifra podría ser aún más elevada.

2020 fue un año funesto en las residencias de ancianos, también en Cataluña. Según datos del Govern, 8.800 usuarios murieron, y la mayoría, 4.500, lo hicieron en los centros. El resto murieron en hospitales o en sus casas. Se han contagiado más de 33.000 ancianos, más de la mitad de los 60.000 que había en total antes de que llegara el coronavirus.

Los argumentos de la Generalitat no convencen a los sindicatos ni a los familiares

Des de la Conselleria argumentan que se han hecho miles de intervenciones en residencias con el apoyo de sanidad pública, y que se han priorizado este tipo de actuaciones en detrimento de las inspecciones. En declaraciones a la SER, fuentes del departamento aseguran que "hay que tener en cuenta que este ha sido un año absolutamente excepcional marcado por el impacto de la alarma sanitaria", añadiendo que se han hecho más de 13.000 acciones de contingencia y que había "contacto diario" con los centros.

Los sindicatos no coinciden con este argumento, y ven ilógico que haya menos fiscalización, precisamente, en el momento más crítico. Helena Motos, de Comisiones Obreras, considera que "esto nos da la razón. Faltan inspectores y deben dictarse unas líneas de calidad para hacer estas visitas a los centros".

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Motos advierte que no es casualidad que muchas residencias salgan indemnes de las inspecciones "están avisadas, evidentemente. Lo que nosotros siempre hemos denunciado es que cuando la empresa sabe que vendrá la inspección, ese día la plantilla está cubierta, todo en su sitio y en orden", asegura.

En el resto del estado hay comunidades autónomas en las que las inspecciones a las residencias de personas mayores han aumentado. Es el caso de Andalucía, que en 2020 hizo el doble que el 2019. La Comunidad de Madrid o el País Vasco se han comprometido a aumentarlas después de lo que se vivió en los centros residenciales los primeros meses de la pandemia. Hay que apuntar, aun así, que en términos absolutos, en Cataluña se hacen más inspecciones.