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Denunciado un cazador por no colocar el precinto a un corzo abatido en la localidad segoviana de Orejana

Denunciado un cazador por no colocar el precinto a un corzo abatido en Orejana / DELEGACIÓN JCYL EN SEGOVIA (DELEGACIÓN JCYL EN SEGOVIA)

Denunciado un cazador por no colocar el precinto a un corzo abatido en Orejana

Agentes Medioambientales del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Segovia han denunciado a un cazador que fue sorprendido el domingo 18 de abril por no haber colocado el preceptivo precinto a un corzo macho que había abatido en el coto de caza de Orejana (Segovia), por lo que la pieza y el arma empleada fueron decomisados.

El pasado día 1 de abril comenzó la época hábil de caza del corzo, que es una de las modalidades de caza con mayor valor cinegético de la provincia de Segovia y antes del inicio de la temporada y durante toda la campaña, los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León intensifican los servicios de vigilancia en esta materia para intentar garantizar que la caza se realice de acuerdo a la normativa que la regula, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de la Junta.

En esta modalidad, los cazadores autorizados por el titular cinegético de los cotos privados de caza deben estar en posesión de toda la documentación necesaria para realizar esta actividad y tienen la obligación de colocar al animal abatido un precinto numerado y único antes de moverlo.

Según la Delegación, existe "cierta picaresca" en este aspecto, puesto que algunos cazadores no colocan el precinto debidamente al animal para así poder abatir otros ejemplares con ese mismo precinto o poder usarlo posteriormente en otra jornada de caza.

La no colocación del precinto es el tipo de infracción administrativa más habitual en esta modalidad de caza mayor y se encuentra calificada como grave según la Ley 4/96 de Caza de Castilla y León.

Asimismo, conlleva sanciones de entre 1.000 y 5.000 euros y la posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.

 

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