Martes, 11 de Mayo de 2021

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La Audiencia deja sin efecto la pena de cárcel impuesta a Fernando Muguruza en el caso Proconor

La sentencia absuelve a dos ediles del Ayuntamiento de Castro Urdiales

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. / Cadena SER

La Audiencia de Cantabria ha revocado parcialmente la sentencia del Juzgado de lo Penal dictada en la causa por prevaricación conocida como caso Proconor, de modo que absuelve a dos ediles del Ayuntamiento de Castro Urdiales y sustituye la pena de 7 meses de prisión impuesta a la ingeniera municipal y al ex alcalde Fernando Muguruza por una multa.

A finales de 2019 el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condenó a once representantes públicos y a una funcionaria municipal por participar en los actos que dieron lugar a la construcción de la calle Cantabria en la Unidad de Ejecución 1.26, un vial que contraviene el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

En una sentencia, contra la que no cabe la interposición de recurso alguno, el tribunal confirma la existencia de un delito de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística en este caso.

No obstante, excluye de los hechos considerados ilícitos un pleno municipal celebrado en 2002 en el que se aprobó una modificación del estudio de detalle de la unidad de ejecución.

Tampoco considera que tengan entidad delictiva independiente del pleno de 2006, que sí aprecia ilícito, las votaciones del proyecto de reparcelación ni el de urbanización.

Sacar de los hechos delictivos el pleno de 2002 y la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización tiene como consecuencia la absolución de dos concejales que fueron condenados como autores de un delito de prevaricación.

Y ello porque su participación se circunscribe a hechos que ahora se considera que no tienen relevancia penal.

Por otro lado, centrar el hecho delictivo en el pleno de 2006, el que sí aprobó el estudio de detalle que finalmente se llevó a cabo, supone no apreciar continuidad delictiva en el resto de concejales.

La pena que se les atribuía queda ahora en dos años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público, frente a las impuestas por la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, que oscilaban entre los tres años y los tres años y seis meses.

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