La crisis sanitaria provoca la reducción de litigios y el aumento de causas pendientes

Granada

La crisis sanitaria sufrida durante el año 2020 ha provocado la reducción del número de asuntos ingresados en los tribunales y juzgados de Andalucía, Ceuta y Melilla y el aumento de causas pendientes. Durante los tres meses de confinamiento estricto, se tuvieron que suspender el 90 por ciento de los señalamientos y actuaciones previstas, incluida la entrada de nuevos asuntos y recursos. Así, tan sólo se mantuvieron servicios esenciales y actuaciones urgentes.

Durante 2020 los juzgados y tribunales andaluces ingresaron 1.078.773 asuntos, frente a los 1.246.678 del año anterior, lo que revela un descenso de más del 13 por ciento en la entrada de asuntos en los tribunales.

También descendieron significativamente, un 14 por ciento, el número de asuntos resueltos por los tribunales, que fueron 1.035.821; mientras que los 650.587 asuntos que quedaron en trámite suponen un incremento del 8 por ciento.

Esta disminución fue provocada por la grave incidencia de la pandemia en la justicia. En los meses de confinamiento estricto, los juzgados no pudieron ingresar nuevos asuntos, ni realizar vistas ni actuaciones judiciales programadas, salvo causas con preso. Y en los meses posteriores se ha tenido que trabajar en condiciones muy complicadas: menor flujo de personas, menor concentración de señalamientos y mayor distanciamiento temporal, uso de medios telemáticos inadecuados e instalaciones deficientes para mantener las medidas de seguridad e higiene necesarias.

Pese a todo, la Comunidad Autónoma de Andalucía vuelve a estar, junto con Canarias, a la cabeza de la litigiosidad. Así, Andalucía presenta una tasa de litigiosidad superior en un 10 por ciento a la media estatal. Si en el conjunto del Estado ha sido de 116,5 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2020, en el ámbito del TSJA dicha tasa es de 128,3 asuntos, la segunda más alta de España.

Llamativa bajada de la jurisdicción contenciosa

En todas las jurisdicciones disminuyó considerablemente tanto los asuntos ingresados como los resueltos. En la jurisdicción Civil, el número de asuntos registrados en 2020 alcanzó los 353.651, con una disminución del 8 por ciento respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 334.604 asuntos, un 11 por ciento menos que en 2019, y quedaron en trámite 334.820, un 7 por ciento más que al final del año anterior.

En la jurisdicción Penal entraron 610.130 asuntos, con una disminución del 13 por ciento. Se resolvieron 597.809 asuntos, un 15 por ciento menos, y quedaron en trámite 165.159 asuntos, un 12 por ciento más.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa fue la que acusó el mayor descenso, que se situó en un 40 por ciento al registrarse 46.847 asuntos. Los asuntos resueltos por los órganos judiciales de esta jurisdicción fueron 48.956, un 24 por ciento menos que en 2019, y los que quedaron en trámite a final de año ascendieron a 58.706 asuntos, lo que supuso una disminución del 3 por ciento de la pendencia. Esta disminución rompe la tendencia al alza tan inusual de 2019, año donde se produjo un desmesurado ingreso de asuntos en materia de extranjería.

En la jurisdicción Social ingresaron 68.145 nuevos asuntos, lo que representa una disminución del 8 por ciento. Se resolvieron 54.452 asuntos, un 12 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 91.902 asuntos, un 16 por ciento más.

Resolución elevada

Las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2020 reflejan, pese a todas las circunstancias, que los órganos judiciales intentan resolver casi la totalidad de los asuntos ingresados anualmente y mantienen un alto nivel de resolución.

Los efectos más visibles de la pandemia y el consiguiente atasco se concentró en la primera instancia, debido a los cambios de señalamientos continuos o al reajuste de la agenda judicial. Por el contrario, la resolución de asuntos en los órganos colegiados y el dictado de resoluciones en segunda instancia no sufrió merma y ha sido porcentualmente más elevado.

Pese a todo, la memoria indica que, precisamente en la primera instancia, todos los que trabajan en el sistema de justicia realizaron un gran esfuerzo para reprogramar y celebrar durante 2020 gran parte de los señalamientos y actuaciones judiciales suspendidas.

Colapso de la jurisdicción social y mercantil

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, volvió a señalar que "nos encontramos ante un horizonte incierto para 2021, con una previsión del incremento de la litigiosidad en índices muy elevados". Así, "serán los efectos de la pandemia los que produzcan un aumento considerable de asuntos en la jurisdicción social y mercantil".

En este sentido, los datos reflejan que la jurisdicción social es la que puede sufrir el mayor colapso y "donde ya se trabaja en una situación de sobrecarga y retraso alarmante en la tramitación de los procedimientos y señalamientos de juicios, siendo materias delicadas, como despidos y ertes, que afectan a los derechos más personales de los trabajadores" y los concursos de acreedores suspendidos, cancelaciones de vuelos y paquetes turísticos en los juzgados de lo mercantil.

El plan especial de la Junta de Andalucía para la reactivación de la administración de justicia tras la crisis sanitaria es "una medida positiva, necesitada lógicamente de revisión y control permanente para su eficiencia, aunque nos tememos que no incida sensiblemente y por igual en la tasa de congestión de todos los partidos judiciales, lo cual exigiría duplicar señalamientos, contar con más salas de vistas, mejores medios telemáticos, etc".

Apuesta urgente por la justicia digital

La Memoria refleja que esta crisis sanitaria ha puesto de relieve nuevamente "la falta de modernización del poder judicial" y la necesidad de apostar con urgencia por la justicia digital. La incidencia de la pandemia habría sido "mucho menor en otro contexto organizativo y tecnológico del que por ahora carecemos".

En este sentido, Lorenzo del Río apuesta por "extender a todos los actores de nuestro sistema judicial la dotación de los medios tecnológicos precisos para acceder a distancia a los sistemas de gestión procesal". La alternativa del teletrabajo en la administración de justicia "es hoy por hoy inviable con los actuales recursos telemáticos, donde los expedientes necesitan presencia física de los funcionarios en la oficina judicial".

Junto a ello, el Presidente del TSJA volvió a incidir en la Memoria de 2020 que si "queremos avanzar en la normalización de nuestros tribunales, generar un rendimiento óptimo de la justicia y una resolución de los asuntos pendientes, será imprescindible contar con nuevas plazas judiciales y mejorar los planes de refuerzo, sin olvidar la mejor optimización de ciertos órganos y recursos personales".

Del Río defendió que es "difícil, por no decir imposible, acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo".

También apeló al consenso político para que se afronten con urgencia reformas de calado. Para ello se requiere "compromiso y voluntad", porque "el problema es acuciante, y el tiempo pasa mientras que los órganos judiciales siguen perpetuándose con métodos y materiales similares".