La Fiscalía demanda a la CARM por eludir actuaciones contra empresas contaminantes del Mar Menor

Murcia

Según ha sabido Radio Murcia, el ministerio público ha presentado una demanda contencioso-administrativa para obligar a la consejería de Agricultura, Ganadería, Agua y Medio Ambiente a actuar contra díez compañías que vierten a la laguna.

Un año después de sus requerimientos, la Fiscalía Superior de la Región denuncia a la consejería de Medio ambiente por no abrir expedientes de responsabilidad ambiental a diez grandes empresas del sector agrícola por los daños causados al Mar Menor con sus vertidos.

Son las mismas empresas contra las que la fiscalía pidió hace un año a la comunidad abrir expediente por la emisión de vertidos contaminantes, procedentes de la acción de desalinizadoras ilegales instaladas en el Campo de Cartagena.

La fiscalía dice que la Consejería de Medio Ambiente no solo no ha iniciado los referidos expedientes para exigir el pago de las responsabilidades pecuniarias pertinentes por los daños causados a ese ecosistema, sino que ha emitido un informe en el que sostiene que la administración competente para actuar es la Confederación Hidrográfica del Segura.

Recordamos que el 14 de mayo de 2020, la entonces portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, comunicaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "la consejería de Agricultura remitirá en breve la documentación de la que dispone dentro de su Plan de responsabilidad ambiental -en el que viene trabajando en el último mes- para remitir a Fiscalía la información sobre empresas o particulares que se perfilen como posibles o confirmados contaminadores del Mar Menor".

Todo después de que la Fiscalía hubiera requerido a la Comunidad Autónoma que exigiera responsabilidades a los que contaminan la laguna costera.

Ese mismo día, 14 de mayo de 2020, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia incoaba un expediente gubernativo en el que requería a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente que exigiera la "responsabilidad ambiental" a aquellas personas físicas y jurídicas que han podido influir en la contaminación y degradación del Mar Menor, con el fin de conseguir la "reparación de los daños causados".

En concreto, la Fiscalía acordaba enviar este requerimiento a la Consejería como administración pública competente, para que procediera a incoar los expedientes administrativos que correspondan para exigir la responsabilidad ambiental a quienes han podido influir en la contaminación de la laguna salada.

Además, por medio de este requerimiento, la Fiscalía instaba a la Consejería a la adopción de las "medidas de prevención adecuadas para la evitación de nuevos vertidos contaminantes al Mar Menor por esos operadores". En caso de su incumplimiento por parte de los operadores, la Fiscalía pedía "que se proceda a la ejecución forzosa de aquellas actuaciones a costa de los responsables, con el fin de devolver los recursos naturales dañados a su estado original".

La Consejería de Agricultura responde que la tramitación de los expedientes de responsabilidad medioambiental es competencia de la CHS

La consejería dice que la tramitación del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental contra diez empresas y personas físicas, solicitado por la Fiscalía a la Comunidad, no es competencia de Medio Ambiente y señala a la Confederación Hidrográfica del Segura como la responsable de tramitar esos expedientes.

Estas cuestión, dice Agricultura, ha sido comunicada a la Fiscalía y añade que no se ha producido ninguna inacción en la tramitación del procedimiento, cuyos pasos se han dado de forma transparente desde el primer momento y la colaboración con la Fiscalía ha sido directa.

El consejero Luego ha comentado a la Cadena SER que "si el proceso judicial que ahora se abre con esta demanda de la fiscalía determina que somos nosotros -la consejería- los competentes, iniciaríamos los expedientes sancionadores de forma inmediata" porque son "los primeros interesados en solucionar la situación". Asegura que no lo han hecho hasta ahora porque "se han tomado el asunto muy en serio", nombrando un instructor del expediente que pidió el fiscal y "durante el último año ese instructor independiente ha llegado a la conclusión de que la competencia es de la CHS. El consejero dice que "ahora, con ese informe encima de la mesa, no puedo hacer otra cosa ni tomar a la ligera lo que indica el informe porque si lo hiciéramos sería prevaricar".

Cabe recordar que hace un año la Fiscalía solicitó a la CARM la iniciación de un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental contra diez empresas y personas físicas. En ese momento, la Comunidad nombró un instructor cuya resolución destaca que la desalación de aguas y su vertido al cauce de una rambla no está sujeto a ningún tipo de autorización o concesión de la que sea competente la Dirección General de Medio Ambiente, sino del Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Segura, adscrito a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La CHS no se pronunciará sobre un asunto "que está en los juzgados"

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, consultadas por Radio Murcia, han explicado a esta redacción que el organismo de cuenca no va a realizar valoraciones sobre una cuestión que se encuentra judicializada y que se pronunciará sobre este tema "en sede judicial, cuando se lo soliciten".

Las mismas fuentes recuerdan, escuetamente, que "A quien pidió la fiscalía que incoara los expedientes de responsabilidad ambiental por los vertidos al Mar Menor fue a la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, no a la CHS".