El titular del juzgado número 5 de Ponferrada ha admitido a trámite el recurso con el que la letrada que defiende a la familia de Toñi y José ha pedido la nulidad de las actuaciones de lanzamiento de desahucio llevadas a cabo el pasado 14 de abril en el barrio de Compostilla de Ponferrada, una ejecución que intentaron evitar con su presencia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-Bierzo), la concejala de Bienestar Social del ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González, y el concejal Delegado del Común, Jesús López. En declaraciones a Radio Bierzo, la presidenta de la PAH del Bierzo indica que Toñi y José podrían volver a su vivienda si el juez que calificó de «inaplazable» la ejecución del propio desalojo tiene en cuenta que «hubo algún error en el procedimiento puesto que no era el BBVA quien debía ejecutarlo porque la vivienda unifamiliar ya no era de su propiedad sino que había pasado a manos de la inmobiliaria Divariam, participada por el banco». Así las cosas, la Plataforma confía, «aunque no queremos levantar las campanas al vuelo», que el Magistrado devuelva la posesión de la vivienda a esta familia. Toñi y José volverían a tener las llaves de la vivienda y tendrá que ser Divarian la que, si quiere seguir el camino judicial, inste el desahucio pero eso, indica, «también nos abre la puerta a que puedan negociar con Divarian el reinicio del pago de la hipoteca», explica esperanzada Flor Álvarez, quien el mismo día del lanzamiento aseguró: « la casa volverá a ser de Toñi». Después de una lucha de once años, Toñi y su marido han pedido, según explicaron el día del desahucio, en numerosas ocasiones que el BBVA les renegociase la hipoteca para seguir pagando ahora que los dos volvían a tener un empleo, una posibilidad de pago que perdieron en plena crisis económica y que les llevó al impago de las mensualidades de la hipoteca. Ambos reclaman además que cualquier sentencia espere a la resolución que se pueda adoptar en otras instancias judiciales a las que se ha puesto denuncia para intentar que se le abonen 21.000 euros derivados de la presunta aplicación de las cláusulas suelo, una cantidad con la que «quedaría saldada la deuda», dijo la propia afectada. De momento todos los enseres de la familia siguen en el interior de la casa. «Nadie se ha puesto en contacto con ellos para devolvérselos», indica Flor Álvarez, quien también piensa que quizás se esté esperando a esta resolución judicial por parte de la representación de la entidad bancaria.