El CGPJ rechaza la participación del presidente del TSJN como miembro nato del Consejo de Justicia
Navarra Suma afirmó que el consejero Santos excluye a Joaquin Galve de este órgano "por anteponer su ego"

Audiencia de Navarra / navarra.es

Pamplona
Navarra Suma emitió ayer una nota en la que denunciaba la exclusión del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Joaquin Galve, del Consejo Navarro de Justicia, un organo consultivo puesto en marcha en 2004 que ahora el ejecutivo quiere dotar de mayor capacidad. El parlamentario Jorge Esparza, que firma esa nota, asegura que la exclusión de Galve se debe a que el consejero Santos "antepone su ego". Sin embargo, según un informe al que ha tenido acceso la SER es el propio CGPJ quien rechaza que el presidente del TSJ sea miembro nato de ese consejo.
Este consejo estaba inactivo desde 2011 y el decreto de creación fijaba que el presidente del TSJ era miembro nato de él y lo copresidía junto al consejero de Justicia. Participan en él también dos miembros de los órganos de gobierno de los jueces y el fiscal superior, entre otras personas y entidades.
Con la reforma del Consejo para reactivarlo, aprobada por el gobierno Chivite en noviembre pasado, fue el propio presidente del Tribunal Superior quien pidió al Consejo General del Poder Judicial que informara sobre su participación en él. Ese documento, remitido a finales de enero por el consejo, concluye que, en las actuales circunstancias, no es viable que el presidente sea miembro nato de ese consejo. Añade que la participación de miembros de la judicatura debe ser voluntaria y no como representantes de ningun órgano, como sería el caso de la presidencia del Tribunal Superior.
El informe apunta a que el consejo no sólo tiene carácter consultivo sino que también es ejecutivo en la medida en la que está encargado de implantar las propuestas del CGPJ y concluye que la actual redacción del decreto que lo regula no cumple los criterios para permitir la participación de la judicatura en él.
Para que pueda ser así, apunta a la necesidad de un convenio entre el gobierno de Navarra y el Consejo que, de hecho, se está elaborando actualmente.




