Psoe y Ganemos instan al Ayuntamiento y a Diputación a llegar a un acuerdo sobre la calle Jardines
Ambos grupos políticos recuerdan que el recurso ante el Supremo sólo incrementará de forma importante los intereses devengados ya que el proceso puede alargarse hasta dos años
La oposición urge a Ayuntamiento y Diputación a negociar un acuerdo en la calle Jardines / Google Maps
Palencia
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha solicitado al alcalde, Mario Simón, y a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, que se sienten urgentemente a negociar un acuerdo de pago mediante ejecución provisional de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la Calle Jardines para evitar que se sigan sumando a la cantidad adeudada intereses de demora e intereses procesales.
Desde el PSOE se recuerda que cada día que pasa sin que haya entendimiento supone un coste para la ciudad de 2.000 euros, solo en intereses procesales. Es imprescindible, por tanto, un acuerdo urgente que paralice estos efectos tan negativos para todos los palentinos.
El Grupo Socialista reitera la doble condición de presidenta de la institución provincial y de integrante del Equipo de Gobierno del consistorio capitalino de Armisén y. por ello, la insta a propiciar un acuerdo al no existir ningún impedimento jurídico para que, aun recurriendo a casación como se anunció ayer por el alcalde, se pueda alcanzar un pacto previo que paralice los intereses y posibilite ir afrontando el pago.
Por su parte Ganemos ha vuelto a pedir la dimisión de Armisén como concejal del Ayuntamiento por ir contra los intereses de la ciudad y de una de las administraciones a las que representa. Enteinden que se trata de una merma importatísima para las arcas municipales y piden conocer a qué partidas afectará en un futuro o cómo se va a financiar esa cantidad superior a los 25 millones de euros que suponen un tercio del presupuesto municipal.
Sonia Ordoñez ha pedido que se trate de llegar a un acuerdo previo a la finalización del litigio que mantienen las dos administraciones ya que el proceso en el Supremo puede alargarse dos años lo que elevará la cuantía final de forma más que significativa. Críticas al equipo de Gobierno ya que cree que esta decisión sólo busca echar balones fuera y que la responsabilidad final del pago recaiga sobre la siguiente corporación municipal.
