CSIF asegura que la vacunación obligatoria afecta a un derecho fundamental y es difícil que se lleve a cabo

Ibiza

El Govern ha aprobado la obligación de vacunar a determinados colectivos y aunque aún falta por concretarlos pasarían por ejemplo por los trabajadores de centros sociosanitarios.

Medida que se publicaba este fin de semana en el BOIB y que aunque el decreto puede variar porque se tramitará vía proyecto de ley en el Parlament, en estos momentos se podría aplicar con una orden de la conselleria de Salud.

A pesar de esto, los trabajadores creen que finalmente no se llevara a la práctica. Desde el sindicato CSIF aseguran que la vacunación obligatoria afecta a un derecho fundamental y es muy difícil que se lleve a cabo. Sobre todo porque la consecuencia sería muy grave.

Ana Domínguez, delegada del sindicato y Secretaria del Comité de Empresa de la residencia Sa Serra ,se pregunta en este punto: "¿Qué pasaría con aquellos empleados que se nieguen a inmunizarse, se les despediría de su puesto?"

Sobre que más del 20% de los trabajadores de residencias han dicho 'no' a la vacuna, Domínguez dice que el porcentaje será similar a otros colectivos como hospitales. Y en cualquier caso señala que son conscientes de que trabajan con grupos de alto riesgo y son responsables.

De hecho, recuerda que a aquellos que no están vacunados se les realiza una PCR semanal, con lo que lo que hay control y seguimiento.