Personal de la UA se suma a las sentadas por la huelga de hambre contra el abuso de la temporalidad

Alicante

Personal de la Universidad de Alicante se ha sumado este miércoles a las concentraciones que se están llevando a cabo esta semana en la plaza del Ayuntamiento de Alicante en apoyo de María Jesús, la funcionaria (como Koro e Irune en el País Vasco) que lleva allí más de un mes en huelga de hambre, en protesta contra el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.

Insisten en que España está incumpliendo la ley en el sector público, permitiendo contrataciones sucesivas temporales más allá de los tres años y obligando a pasar por una oferta pública a 800.000 personas, en lugar de sancionar a la empleadora: la administración.

Es algo que reconocen varias sentencias europeas y unas cuantas precisamente de juzgados en Alicante, según explica Fran Conde, portavoz de la Coordinadora Valenciana de Empleados Públicos en Fraude de Ley.

Los afectados por el abuso, recuerdan, son mayoritariamente mujeres de entre 45 y 55 años (el 70 %) con fuertes cargas familiares que no pueden conciliarlas con la preparación de unas oposiciones.

El TSJCV revoca la sentencia de una trabajadora del Ayuntamiento

Precisamente este miércoles se ha conocido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha revocado la sentencia que declaraba fija a una trabajadora interina del Ayuntamiento de Alicante, tras estimar el recurso del consistorio alicantino. 

La trabajadora ocupó durante más de doce años de forma ininterrumpida una plaza de conserje municipal que el Ayuntamiento no incluyó en una Oferta de Empleo Púbico hasta finales de 2018.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Alicante dictaminó en su día que la Administración debía, por ese abuso de la contratación temporal, declarar a la trabajadora fija y reconocer su derecho a permanecer en su puesto en condiciones equiparables a los funcionarios de carrera de su categoría.

Sin embargo, la Sección Segunda del TSJCV discrepa de esa conclusión jurídica porque entiende que no cuenta “con un respaldo fáctico, normativo o jurisprudencial lo suficientemente sólido”, según informa en un comunicado.