La Audiencia Nacional celebra juicio por los "incumplimientos" en la venta de Alcoa

A Coruña

La sala de lo social de la Audiencia Nacional celebra este jueves un juicio oral por el supuesto incumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de venta de las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés al fondo Parter Capital. Los sindicatos presentaron una demanda al entender que las empresas implicadas no han realizado las inversiones comprometidas entre ellas y en el propio acuerdo laboral que puso fin al Expediente de Regulación de Empleo. Este ERE había establecido el despido de todos los trabajadores de las plantas gallegas y asturiana. 

Este juicio, de carácter laboral, se celebra en paralelo a la investigación que realiza el Juzgado Central de Instrucción número 3, también de la Audiencia Nacional, por un supuesto fraude, que ha derivado en la intervención judicial de las dos factorías.

En la parte laboral, la demanda de los sindicatos se refiere fundamentalmente a que no se habrían realizado las inversiones necesarias para garantizar el futuro industrial de las plantas, compradas por Parter que después las vendió al Grupo Riesgo, su actual propietario.

Precisamente, a través de un comunicado, Riesgo ha señalado que intentará demostrar en la vista "sus esfuerzos para sacar adelante el plan industrial diseñado para las plantas de aluminio".

Mientras, los representantes de los trabajadores han convocado una concentración ante la Audiencia Provincial de A Coruña en coincidencia con la celebración del juicio en la Audiencia Nacional. Acusan de "engaño" a las partes empresariales en los sucesivos procesos de compraventa.

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Un juzgado acuerda mantener las funciones de representación del presidente del comité de Alu Ibérica en A Coruña

Los conflictos judiciales en Alu Ibérica han ofrecido además en las últimas horas otro nuevo capítulo. El Juzgado de lo Social número 6 de A Coruña ha acordado la adopción de la medida cautelar solicitada por el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en la factoría coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, para el mantenimiento de sus funciones representativas tras su despido el pasado mes de febrero.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que "la restitución de las funciones representativas" no es una cuestión "baladí". "Puesto que lo que está en juego no solo es la posibildiad de reincorporación del trabajador en su puesto de trabajo, en el caso de que se estime que la decisión extintiva es nula o improcedente, sino también la influencia que dicho mandato representativo tiene en la plantilla de trabajadores".

"Una influencia que, en el estado actual, se toma más significativa y primordial a la vista de la creciente litigiosidad que existe, la próxima finalización del pacto de fin de ERE y la intervención judicial acordada por la Audiencia Nacional", recoge la decisión judicial.

El auto alude, entre otras cuestiones, a los informes realizados por la Inspección de Trabajo en distintas ocasiones y las veces en las que, según recoge, se impidió el acceso del presidente del comité a las instalaciones y respalda que éste pueda ejercer su labor "de forma plena, sin impedimentos o limitaciones".

Tras su despido por "causas disciplinarias", según alegó la dirección, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña presentó demanda de despido colectivo y pidió unas medidas cautelares para que se acordase el mantenimiento de sus funciones representativas, petición a la que se sumó el Ministerio Fiscal.

Alu Ibérica rechazó su planteamiento y alegó que Corbacho sí ejercía sus funciones representativas y que podía entrar en el centro de trabajo. También argumentó, según recoge el fallo judicial, que, aunque "en principio" se le negó la entrada, la empresa "corrigió esta decisión permitiendo el acceso con acompañamiento de vigilantes de seguridad, previa solicitud".