CC propone mejoras en el reparto de los 1.144 millones de ayudas directas

Tenerife

Ampliar los beneficiarios, aumentar las cuantías y reducir la burocracia. Son las líneas estratégicas que ha propuesto Coalición Canaria para introducir en el decreto ley que regulará las ayudas directas a pymes y autónomos.

En rueda de prensa, los nacionalistas han expuesto un cambio de rumbo en el reparto. "Si el Gobierno ha sido tan ineficaz par gestionar 84 millones, cómo va a ser capaz de gestionar 1.144 millones de euros", se ha preguntado el diputado Pablo Rodríguez explicando que de las anteriores subvenciones habilitadas por el Ejecutivo autonómico, solo han llegado a las empresas 15 millones.

CC-PNC pide que se aumente el número de beneficiarios, para lo que creen necesario flexibilizar la caída de ingresos que se debe justificar, actualmente fijada en el 30 por ciento. "Va a dejar fuera a muchos sectores que están muy tocados (...) es una barrera que va a resultar insalvable para algunos sectores que lo están pasando realmente mal. Proponemos que se haga valer nuestra condición de región ultraperiférica, que la Unión Europea permite, y que por tanto se baje la barrera al 20%", ha señalado Rosa Dávila.

Al respecto, también han conminado al cuatripartito a no permitir que se excluya a las empresas que hayan tenido pérdidas en 2019: "La norma europea que regula estas ayudas dice que solo podrán ser beneficiarias aquellas que no estuvieran declaradas en una situación de crisis".

En este bloque, Dávila también ha sumado la necesidad de no excluir en el reparto a quienes no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y pide que "pueda ser beneficiario y, cuando le llegue la ayuda, tenga 30 días para saldar su deuda tanto con la seguridad social como las diferentes agencias tributarias".

Respecto a las cuantías, CC-PNC considera "inadmisible" que las subvenciones no compensen gastos personales que han consumado los empresarios y autónomos para poder mantener a flote sus negocios. "Tendremos negocios quebrados y empresarios, profesionales, empobrecidos. Han hecho un esfuerzo y no se está premiando", han incidido.

Asimismo, instan a revisar los límites ya que la norma general establece un máximo de 10 millones de euros para las empresas con más de 50 empleados y el Gobierno ha lo ha "reduce a tres millones".

La tercera gran reclamación de los nacionalistas pasa por la simplificación administrativa en varias líneas. En este sentido, han señalado que es "ridículo" que se solicite la custodia de facturas originales estampilladas ya que "es como si volviéramos al siglo XIX". También han criticado que se requiera la misma documentación a todos los solicitantes independientemente de la cuantía a la que opten. Al respecto, destacan la importancia que deben tener las declaraciones juradas y exigen que el silencio administrativo se interprete como positivo. Es decir, si no se produce respuesta a las solicitudes, deben darse por aceptadas.