El Ayuntamiento tendrá que devolver 210.000 euros a la Generalitat por no justificar subvenciones sociales

Alicante

El Ayuntamiento tendrá que devolver 210.000 euros a la Conselleria de Políticas Inclusivas por no haber podido justificar ese gasto de un total 4 millones de euros que se le otorgaron para la financiación de los Servicios Sociales. Es uno de los asuntos aprobados este martes en Junta de Gobierno Local.

Del total de las subvenciones que deberá devolver el Ayuntamiento, 44.000 euros corresponden al servicio de ayuda a domicilio y 11.000 al programa de intervención familiar que finalmente no se gastaron. Mientras que los otros 154.000 euros no se justificaron, ya que se tenían que usar para sufragar técnicos de integración social por 120 meses, pero solo se justificaron 32 meses de trabajo.

El portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, reconoce que se ha tenido que proceder a esta devolución por falta de justificación, pero desconoce los motivos exactos para este incumplimiento del área de Acción Social.

La Junta de Gobierno también ha aprobado por urgencia actuaciones urbanísticas para mejorar la accesibilidad en el entorno del Hospital General y en distintos itinerarios peatonales de la Zona Norte por un importe de 250.000 euros.

Además, también se ha dado luz verde para modificar el contrato de las obras de restauración del Baluarte de la Mina en el Castillo de Santa Bárbara para incluir mejoras por 56.000 euros.

Informe interventor

Por otra parte, tras la rueda de prensa de la Junta Local, Villar, en este caso como responsable de Asesoría Jurídica, también se ha referido a la polémica suscitada tras el informe del interventor que acusa a la edil de Acción Social de "fraude de ley" por prolongar un contrato de forma verbal. Asegura que el contrato acabó en 2019 y que se ha fiscalizado con los nuevos criterios del Tribunal de Cuentas aprobados el 1 de enero de este año. Por lo que hay que ser prudentes porque normalmente no se aplican las normas con carácter retroactivo.

Se trata del contrato de ayuda a domicilio cuyas prórrogas finalizaban el 31 de diciembre de 2019, pero Julia Llopis inició el expediente para la nueva licitación solo 30 días antes, por lo que era imposible que el nuevo contrato se adjudicara en plazo, según el interventor. Finalmente, se adjudicó en octubre de 2020, 10 meses después de finalizar el anterior.

La edil se ha justificado en que se trataba de un servicio esencial que no podía dejar de prestarse y menos, asegura en su respuesta al interventor, en plena pandemia. Aunque, eso sí, olvida que cuando finalizó el contrato aún faltaban más de tres meses para que estallara la pandemia.

Manuel Villar ha querido restar importancia a este asunto. Señala que aún no ha podido estudiarse el informe y, en cualquier caso, lanza un dardo al interventor municipal cuando habla de fraude de ley.