Archivada la investigación sobre la vacunación de altos cargos de Sanidad en Murcia y el Obispo de Cartagena

Murcia

La SER ha tenido acceso al decreto de archivo de la investigación sobre la vacunación fuera de protocolo de altos cargos de la comunidad y del Obispo de la diócesis de Cartagena. En los próximos días habrá un nuevo decreto -todavía no se sabe en qué sentido- sobre la vacunación de la ex-alcaldesa de Molina, Esther Clavero, y el concejal de Murcia Felipe Coello.

En un extenso documento, de 55 páginas, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, concluye que "procede acordar el archivo de estas diligencias de investigación por estimar que no existen indicios de delito alguno" aunque añade que "le remite toda la información recabada sobre las vacunaciones realizadas en la residencia Hogar de Betania" a la consejería de Salud "para que "proceda, en su caso, a incoar los expedientes sancionadores pertinentes". 

Considera la Fiscalía que "no queda acreditado que exista ninguna omisión de trámites esenciales del procedimiento". También dice que no se observa en las decisiones adoptadas ninguna contradicción patente con el derecho o la norma".

Señala, sin embargo, que "ha existido diversas interpretaciones (del documento de estrategia de vacunación nacional) que podrán ser más o menos acertadas, se podrá estar más o menos de acuerdo, pero que forman parte de la labor de tener que adoptar decisiones en un proceso por sí ya complejo de una vacunación de la que no existen precedentes en nuestra región ni en ninguna parte de España". 

"Saltarse el orden en el proceso de vacunación, puede suponer reproche político, social o ético, pero no penal", explica Díaz Manzanera, a lo que añade que sería necesario regular una norma que tipifique la actuación de los vacunados antes de tiempo en la Región de Murcia como "infracción administrativa" y que, en tal caso, se modifique el código penal para que se entienda como delito.

El fiscal recuerda que recibió, primero, una denuncia del PSOE en las que se señalaba que "se había vacunado a un gran número de integrantes de la consejería de Salud saltándose el orden establecido por los protocolos. Señala que, después, recibió una segunda denuncia de Podemos en la que añadían que "también se había producido la vacunación irregular del Obispo de la diócesis de Cartagena".

Así ha sido la investigación

La fiscalía, explica, pidió a la Consejería de salud un informe sobre la vacunación llevada a cabo en sus dependencias, los protocolos seguidos, un listado de la identidad de todos los vacunados y su puesto de trabajo en la consejería. Dice que, en ese informe, se señala que "ha sido vacunado todo el personal de la consejería de salud y del SMS, tanto cargos directivos como personal funcionario laboral que presta servicios en los edificios de la consejería".

Con relación a la vacunación del Obispo, solicitó y consiguió un informe en el que confirma que fueron vacunados trabajadores de la residencia, los gestores de la residencia, cuatro capellanes y 17 personas que aparecen como miembros del patronato de la fundación entre los que estaba el Obispo.

Las conclusiones tras la investigación

El fiscal considera que "no se dan indicios mínimos suficientes de que los hechos denunciados sean constitutivos de delito alguno" porque lo que ha ocurrido es que diferentes personas se han saltado el orden que establecían los protocolos de vacunación que marcó el Ministerio. Este orden lo establecía -así lo califica- un documento que solo era "de estrategia" que es "cambiante y abierto". No es, dice, "un protocolo de naturaleza normativa o una disposición de obligado cumplimiento".

Señala que las distintas Comunidades Autónomas eran y son competentes para ejecutar en su ámbito geográfico "las actuaciones necesarias para implementar de modo efectivo el citado plan de vacunación" y por eso da por buena el fiscal la explicación de la consejería que dijo en su momento que "interpretó ese documento de estrategia" y "fijó unos criterios de vacunación" en los que cupo la vacunación de los altos cargos y de los funcionarios de salud como personal esencial. 

En concreto, señala el fiscal que la consejería "interpretó y se decidió que la vacunación del personal de la Consejería y servicios centrales del SMS era la decisión más adecuada desde el punto de vista del beneficio social".

Sobre Hogar de Betania, señala que la residencia recibió instrucciones del IMAS de "incluir en el listado de personas a vacunar a toda persona que tuviese contrato o cualquier tipo de contacto con los residentes, por lo que el director decidió introducir también a los “colaboradores” de la residencia. Ahí fue donde entrarona los miembros del patronato de la residencia entre los que se encontraba el Obispo.

La Fiscalía de Murcia cierra ahora el caso tras meses de investigacion en los que había ido añadiendo líneas de investigación a las diligencias abiertas tras la vacunación fuera de protocolo del consejero Villegas, altos cargos de la consejería y hasta 400 funcionarios del SMS. Una de ellas era también la vacunación del Obispo de la diócesis de Cartagena fuera del protocolo sanitario.

Díaz Manzanera ordenó sumar a unas diligencias ya abiertas, por ejemplo, un escrito de una trabajadora anónima del Hogar de Betania que daba detalles de cómo se produjo esa vacunación del Obispo y de la cúpula eclesiástica de la Región.