La Junta no cambia de opinión: No prorrogará los contratos a los investigadores afectados por el confinamiento

Valladolid

Durante los meses del confinamiento muchos jóvenes investigadores del país no pudieron acceder a los recursos de las universidades, bibliotecas y laboratorios y por eso pidieron al Gobierno, a las comunidades y a las universidades que prorrogaran sus contratos cinco meses más.

En Marzo de este año, sus plegarias fueron escuchadas. El Gobierno sacó una ley que permitía prorrogar los contratos cinco meses más, pero los que dependen de la Junta de Castilla y León no serán alargados durante ese tiempo como nos contaron en A vivir que son dos días Castilla y León.

La administración autonómica les convocó para una reunión que no ha salido como esperaban. "Hemos mantenido una reunión con la Viceconsejería de Universidades y la Dirección General de Universidades de la Junta de Castilla y León y la respuesta que hemos tenido es que la Junta tiene un compromiso cerrado con la Unión Europea, que sería muy difícil justificar ninguna alteración en este compromiso y que por tanto les resulta imposible. Sus partidas presupuestarias están cerradas y que ahora no disponen de fondos", explica Alberto Macho, uno de los portavoces de las asociaciones de jóvenes investigadores que hay en las universidades públicas de Castilla y León.

Una respuesta que no convence a estos investigadores. De los 150 afectados por tener contrato con la Junta (los que tienen contrato con el Gobierno y las universidades sí tendrán prórroga), 75 terminarán su contrato en un mes, se irán al paro y tendrán que seguir trabajando en sus proyectos de forma precaria. "Hay otras comunidades como Galicia o Aragón que financian sus contratos predoctorales también en alianza con la Comisión Europea y sí han articulado estas prórrogas", sentencia Alberto Macho.

Esta negativa por parte de la Junta no va a frenar a estos investigadores que aseguran que tomarán las medidas oportunas a partir de ahora. Redoblarán sus esfuerzos a la hora de dar a conocer su precaria situación, coordinarán actuaciones conjuntas entre todas las asociaciones de investigadores y presentarán una queja formal ante el Procurador del Común.