"El problema no es la objeción de conciencia ante el aborto, es un problema religioso y de voluntad política"

Murcia

"Es falso que exista un 95% de objetores de conciencia como dice la consejería de salud", es la declaración de uno de los profesionales de ginecología que trabaja en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, el hospital de referencia de la Región.

Nos cuenta que ese dato se basa en una serie de entrevistas telefónicas que realizó en 2017 la secretaria del servicio de ginecología por orden de la consejería, entonces, de Sanidad. Llamaban a los profesionales por teléfono y les preguntaban escuetamente si estarían dispuestos a realizar abortos en cualquier circunstancia, exigían un sí o no como respuesta, de ese método nace la cifra del 95% de ginecólogos objetores en el SMS.

No se ha hecho público, pero existe un cuestionario mucho más reciente que se pasó a los ginecólogos en noviembre del pasado año 2020, a iniciativa del entonces gerente del SMS, Asensio López, y debido a la presión ejercida por las propias pacientes que fueron derivadas a clínicas de Madrid.

La encuesta, debido a la pandemia, se realizó on line y los profesionales de ginecología tuvieron 48 horas para contestar. El cuestionario, mucho más completo, incluía preguntas relativas a si estarían dispuestos a practicar una interrupción del embarazo en las circunstancias previstas en la ley, si lo harían en caso de alteraciones genéticas y si lo harían en caso de que el feto presentara características incompatibles con la vida.

El resultado: el 75% de los ginecólogos estarían dispuestos a practicar un aborto en algunas circunstancias, el 50% en cualquier circunstancia y solamente un 25% de los profesionales resultó ser objetor de conciencia.

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En la práctica ésto quiere decir que, de los 62 ginecólogos que integran el servicio de Ginecología en el hospital Virgen de la Arrixaca, hay 48 dispuestos a poner en marcha el servicio IVE en la sanidad pública murciana.

Fuentes de la consejería de Salud, consultadas por esta redacción, se limitan a decir que "Si se ha realizado alguna encuesta tendrá carácter interno y no tenemos información al respecto".

El cuestionario no se pasó en otros hospitales de la Región de Murcia porque, según uno de los ginecólogos, "es insignificante el número de abortos en comarcales, mientras que hacerlo en La Arrixaca sería sencillo"

"En el hospital Virgen de la Arrixaca no hay una objeción de conciencia significativa para no poner en marcha el servicio mañana mismo", explica otro profesional que ha hablado con Radio Murcia.

"En La Arrixaca están los mejores medios técnicos y los mejores recursos humanos cien por cien preparados para hacerlo. Simplemente hay que ordenar el servicio, es facilísimo. El problema real no es una objeción de conciencia, es un problema religioso y esa motivación religiosa está por encima de la ciencia, de la técnica y de todo. Mientras tanto hay 48 médicos viéndolas venir. No sé cómo mirar a las mujeres a la cara", añade.

Este profesional relata que, cuando se expuso el resultado de este cuestionario el pasado mes de noviembre se esgrimieron problemas organizativos y de conciencia por parte del jefe de servicio, Juan Luís Delgado, mientras que el 75% de los ginecólogos se mostraron partidarios de solucionar el problema.

"No he hecho medicina para matar a un ser humano", adujo el Dr. Delgado en esa reunión en la que varios médicos le replicaron: "Nosotros no hemos hecho medicina para ver el sufrimiento ajeno y quedarnos de brazos cruzados", según ha relatado a Radio Murcia uno de los médicos presentes. "Llega un momento en el que no se puede decir nada porque te pueden represaliar", lamenta.

Según ha sabido Radio Murcia, el impulso por parte de los ginecólogos de La Arrixaca para mejorar las circunstancias en las que sus pacientes se someten a un aborto terapéutico no es nuevo. Ya en julio de 2018 hubo un intento, el entonces gerente del SMS, Asensio López, registró sin éxito una propuesta al consejo de administración del SMS para regular y garantizar, mediante contrato público por un plazo de cuatro años, la calidad asistencial de la interrupción del embarazo.