Los propietarios de los apartamentos Don Pepe se niegan a desalojar sus casas: "No somos delincuentes"

Sant Josep de sa Talaia

“De mi casa no me pienso mover”, “es un desalojo ilegal”, “no somos delincuentes, somos personas que hemos pagado y seguimos pagando nuestra casa con todas las de la Ley”. Son las palabras de algunos de los propietarios de los apartamentos Don Pepe que han recibido ya la notificación para desalojar, el próximo lunes, el edificio.

Se trata del edificio A, sobre el que el Ayuntamiento de Sant Josep ha abierto un expediente de ruina al considerar que no puede rehabilitarse, sino que tiene que demolerse.

Sin embargo, el abogado de los vecinos, Juan Nadal, asegura que sí se puede y que los propietarios están dispuestos a asumir el coste de la reparación del edificio. Recordamos que aún quedan 30 apartamentos habitados, después de que el año pasado se desalojaran los 20 restantes.

Nadal indica que la oferta de compra que ha hecho el Ayuntamiento ha sido rechazada por la totalidad de los propietarios, ya que “ofrecen 29.000 euros por vivienda cuando tienen hipotecas de más de 80.000”. “Algunos, incluso, son terceros compradores de buena fe que han comprado la casa y nadie les dijo que fueran ilegales”, ha añadido.

Por ello, ha destacado que “nadie abandonará su casa” por voluntad propia, como así lo espera el consistorio; solo lo harán con una orden judicial. “Vamos a presentar medidas cautelarísimas para frenar el desalojo. Ante el expediente de ruina, aportaremos informes para justificar que no está en ruina”, ha señalado el abogado.

Lamenta que Sant Josep haya puesto a más de 300 personas en una “situación dramática” que, ha dicho, “va a crear un problema social en la isla de Ibiza”.

 Respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento, por su parte, mantiene la oferta de compra del edificio por casi dos millones de euros, “por si lo reconsideran y por la situación de estas familias”. Indican que “es la única forma que se ha hallado para poderles ayudar en esta situación, sin tener ninguna obligación, porque la responsabilidad del Ayuntamiento se limita a velar por la seguridad de las personas y, en este caso, el inmueble supone un riesgo para todas ellas”.

Desde el consistorio informan que varias familias se han dirigido ya a los servicios sociales para solicitar su realojo.