Falta de diligencia del sector público

Canarias

La inversión pública debía suplir el parón de la actividad económica. Se dijo desde el minuto uno de la pandemia, cuando tomamos conciencia de su gravedad. La crisis era de movilidad y, por tanto, tocaba no moverse.

Sería clave, se insistía, aumentar el gasto público. Fundamentalmente para mantener al enorme volumen de trabajadores inactivos, y de ahí los ERTE. Pero también para seguir creando empleo, en la medida de lo posible. Y lo posible pasaba por licitar obra pública, todo lo que se pudiera y lo más rápido que se pudiera. Para cubrir, además, necesidades importantes, como construir viviendas nuevas o rehabilitar las viejas. También para concluir algunas carreteras pendientes.

Los constructores llevan meses desgañitándose, advirtiendo de estos retrasos, sin que nadie le responda al otro lado. Tocaba que la administración pública hiciera sus deberes. Pero ha pasado más de un año y Canarias ha creado mucho menos empleo del que pudo, por la falta de diligencia del sector público.

La pregunta que cabe hacerse a día de hoy es: ¿cuánto tiempo más seguirán las Islas a la cola en licitación?