La Fiscalía denuncia a los alcaldes de La Nucía, Els Poblets y El Verger que se colaron en la vacunación

Alicante

La Fiscalía de Alicante ha acordado abrir diligencias de investigación y formular denuncia contra los alcaldes que se vacunaron contra la COVID-19 antes de que les correspondiera.

Mantiene que los alcaldes de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, matrimonio y del PSPV, así como el popular Bernabé Cano, primer edil de La Nucia, podrían haber incurrido en un delito de cohecho impropio pasivo, previsto en el artículo 422 del Código Penal, según las conclusiones del Ministerio Público a las que ha tenido acceso Radio Alicante.

Considera que ninguno de los tres cargos públicos formaba parte de los grupos prioritarios que tenían acceso a la vacuna en el momento de recibir la primera dosis y en los tres casos considera Anticorrupción que concurrieron circunstancias "irregulares".

Considera el Ministerio Público que Coll, Vives y Cano son relevantes y conocidos cargos públicos en el ámbito geográfico de la residencia o centro sanitario en el que se suministró la vacuna y concluye que recibieron la primera dosis de la vacuna por la especial posición y poder que el cargo público desempeñado les otorgaba,

Y aunque la denuncia es, en principio, por ese tipo de cohecho pasivo, se deja abierta la posibilidad de que en el procedimiento judicial se pueda ampliar la imputación sobre otras personas que pudieran haber intervenido en los hechos en especian connivencia con los denunciados.

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Fiscalía ha remitido ya esta denuncia a los respectivos juzgados de Dénia y La Vila Joiosa que deben ahora decidir si la admiten a trámite.

La denuncia fue interpuesta el pasado mes de enero por dos activistas vecinales de Alicante, José Luis Valdés y José María Hernández Mata. En el documento se incluía, además de a los tres alcaldes, al diputado provincial y responsable del centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló (PP), el comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja y edil de Benejúzar, José Antonio García (PSOE); el obispo Jesús Murgui, su hermana Amparo Murgui y su cuñado Leopoldo Rodríguez, así como el vicario general Vicente Rodríguez. Para estos denunciados Fiscalía acuerda el archivo de la denuncia porque sus respectivas vacunaciones se realizaron conforme a los establecido en el protocolo de Sanidad y en su turno según los criterios de Salud Pública. En los casos de José Galiano (PP), edil de Sanidad en Orihuela y Cristina Morera, exconcejal socialista en Dénia, mantiene el fiscal que sus vacunaciones no fueron provocadas ni forzadas por los mismos.

Fiscalía, recordamos, abrió diligencias preliminares para determinar si alguna de estas personas incurrió en alguna irregularidad tras vacunarse con la primera dosis de la inmunización para el coronavirus en el arranque de la campaña, cuando se estaba inoculando a los grupos de riesgo y los ancianos, saltándose la cadena de inmunización.

Reacción del PP

Tras esta decisión de la Fiscalía, el Partido Popular de la provincia de Alicante pide a la Conselleria de Sanidad más transparencia sobre las vacunaciones irregulares en la Comunitat Valenciana.

Denuncian que no han tenido acceso "en ningún momento a ninguna información ni a ningún expediente", pese a haberlo solicitado incluso en Les Corts.

En cuanto a la situación de Bernabé Cano, aseguran que él mismo pedirá la declaración voluntaria "para aclarar cuanto antes las circunstancias de su vacunación" y recuerdan que renunció a la segunda dosis.

"Desde el PP ya abrimos un expediente informativo a Bernabé Cano y le retiramos las competencias en la Diputación de Alicante", señala el coordinador general del PP alicantino, Juan Francisco Pérez Llorca, que defiende la actuacion de su partido en el caso y la presunción de inocencia de Cano.