Lunes, 14 de Junio de 2021

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Ayuso renueva el contrato que dio a dedo a la empresa de una exconcejala del PP para vigilar el Zendal

Ariete Seguridad se encargará de la custodia del hospital de emergencias hasta final de año por 1,3 millones de euros, que se suman a los 800.000 euros que ha recibido hasta ahora

Un agente de Ariete Seguridad en los accesos al Isabel Zendal

Un agente de Ariete Seguridad en los accesos al Isabel Zendal / ZIPI / EFE

La Comunidad de Madrid vuelve a confiar en la empresa familiar de Silvia Cruz Martín, exconcejala del PP en Alcorcón, para vigilar el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Esta firma, Ariete Seguridad, se hizo con el contrato a mediados de noviembre. Fue sin concurso público, por la vía de emergencia, que habilita a la Consejería de Sanidad a firmar discrecionalmente con la empresa que crea conveniente -para el primero de estos contratos ni siquiera se pidieron presupuestos alternativos, como reconoció a la SER un portavoz del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero-.

Ahora ese contrato se renueva por otros siete meses y medio. Ariete Seguridad seguirá cobrando lo mismo -17,99 euros brutos por vigilante y hora-, pero como se aumenta la dotación de personal, también se incrementa el importe del contrato. Si en su primera versión alcanzaba los 808.000 euros por seis meses de trabajo -IVA incluido-, ahora supera los 1,3 millones de euros por otros siete meses y medio -también con impuestos-. En total, una adjudicación de más de 2,1 millones de euros sin concurrencia de otras empresas.

Hace un año que el gobierno regional decidió construir un hospital de pandemias para aumentar la capacidad del sistema sanitario por el COVID-19. Se tramitó a través del mecanismo de contratación excepcional que contempla la legislación para situaciones de emergencia, pero doce meses después cualquier suministro o servicio que requiere ese hospital sigue contratándose por esta vía. Incluso se renuevan algunos de esos contratos sin publicidad, ni competencia -como en este caso-, a pesar de que la vigilancia de las instalaciones es una necesidad estructural en cualquier centro sanitario.

La Consejería de Sanidad argumenta que “la enorme carga de trabajo de los servicios centrales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)” ha impedido la contratación por vía ordinaria. Lo dice en la resolución en la que amplía el plazo de ejecución del contrato. Cita como causas el temporal Filomena, la puesta en marcha de la vacunación, la dotación del propio Isabel Zendal o la adecuación de sus espacios para la asistencia sanitaria -la Consejería ha tenido que aprobar recientemente el gasto de otros 2 millones de euros para acondicionar el pabellón 3 como unidad de hospitalización-.

El alto cargo que firma la prórroga es el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan Jorge González Armengol, que ya tuvo que responder por este contrato ante la Asamblea de Madrid en la legislatura que acaba de concluir. Fue a comienzos de marzo, cuando ya advirtió a los diputados de que la tramitación por vía ordinaria iba con retraso. “Probablemente no lleguemos”, reconoció González Armengol, que estimaba que la Consejería necesitaría “al menos seis meses” para completarla.

El viceconsejero también negó cualquier trato de favor en la adjudicación a dedo: “Yo no sabía ni siquiera el nombre de la empresa cuando firmé la resolución, ni tenía el conocimiento de que fuera de tal o cual persona”. La oposición consideró esas explicaciones insuficientes y González Armengol salió de sede parlamentaria con unas cuantas banderillas. “Tiene patas arriba la justificación de la contratación”, le espetó la entonces diputada María del Carmen López, del PSOE. Alodia Pérez, de Más Madrid, le afeó que contratara “a dedo y con afines al Gobierno”. Un comportamiento “poco estético”, según le dijo Carolina Alonso, de Unidas Podemos. Incluso el socio preferente, Vox, le preguntó si era capaz de afirmar que había cumplido con el principio de igualdad de trato. Fue la diputada Ana Cuartero, que terminó respondiéndose a sí misma: “la verdad es que no tiene buena pinta”, le dijo.

Silvia Cruz llegó a la política local de Alcorcón en 2011, de la mano del popular David Pérez, actual consejero de Vivienda en funciones de la Comunidad de Madrid. Ese año Pérez ganó las elecciones en Alcorcón y se convirtió en alcalde de la localidad. A Cruz le asignó las funciones de concejala de Servicios Sociales. Ambos repitieron la hazaña cuatro años después y ella se convirtió en la ‘número dosʼ de Pérez en el equipo de gobierno municipal, pero la ahora directiva no llegó a completar el mandato. Renunció en el verano de 2017 por “motivos personales” que algunas fuentes vincularon directamente con la marcha de la empresa familiar, Ariete Seguridad. El entorno de Cruz niega que actualmente mantenga algún vínculo con los populares madrileños.

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