Marian Franquet garantiza el desbloqueo de los tres millones de euros para el reparto de alimentos
Podemos se negó a destinar el dinero en exclusividad al Banco de Alimentos, que ha lanzado un SOS, y finalmente se beneficiarán varias entidades sociales
Entrevista a Marian Franquet, consejera insular de Acción Social.
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Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Acción Social, Marian Franquet, garantiza el desbloqueo de los tres millones de euros que Coalición Canaria pidió destinar al Banco de Alimentos de Tenerife, que ha pedido a las instituciones redoblar esfuerzos por el práctico desabastecimiento que han vivido sus almacenes en los últimos meses. En el anterior pleno, Podemos se negó a que el dinero fuera en exclusividad a esta entidad y, finalmente, se repartirá entre varias ONG. Además, bloqueó la modificación del texto de la propuesta para permitir este reparto más amplio.
Según ha explicado en la SER Franquet, "sí va a salir. De aquí al próximo pleno a lo mejor alguien me cambia de opinión, pero yo ayer hablé con todos los grupos y, salvo alguno que está pendiente de darme hoy la respuesta porque está en periodo de enmiendas, todos están dispuestos a apoyarlo".
Hace casi dos meses que el Banco de Alimentos alertó sobre una merma de recursos derivada de los recortes del fondo europeo para los alimentos, lo que supuso perder 247.000 kilos de comida. Desde entonces, la organización ha tenido que dejar de entrar productos a los ayuntamientos del norte y el sur y reducir a la mitad el reparto a las ONG.
Mientras, la demanda prácticamente se ha duplicado (ha aumentado un 40 por ciento) y el número de beneficiarios asciende a 33.000. Tras recibir el SOS de la entidad, Franquet se puso en contacto con la consejería de Derechos Sociales para conocer la estrategia que pretendía seguir el área que dirige Noemí Santana en la distribución de alimentos. En este sentido, critica que la respuesta fuera que "van a venir 30 millones de euros para la pobreza" que todavía desconocían cómo repartir.
La dirigente socialista también ha reprochado que, pese a las reuniones que mantienen con el Gobierno autonómico para el desarrollo de La Ley de Servicios Sociales, todavía no cuenten si quiera con "algo tan básico como el catálogo", la herramienta por la que se establece el reparto de competencias entre instituciones.
