La AMPA del Santa María de Gracia no descarta llevar ante los tribunales a la Consejería de Educación

Murcia

Han pasado casi tres años desde que Mónica Pérez, presidenta de la AMPA del CEIP Santa María de Gracia (Murcia), denunciase en el programa Hoy por hoy los problemas que sufría el centro por culpa de una instalación eléctrica obsoleta que llegó, incluso, a ocasionar un incendio en la cocina del colegio. Este viernes hemos vuelto a hablar con Mónica y nos ha contado que "todo sigue igual o incluso peor".

Si recuerdan, en 2018 un incendio en la cocina del centro, debido al mal estado de la instalación eléctrica del colegio; con más de 40 años de antigüedad, hizo saltar la alarma entre las familias del CEIP Santa María de Gracia. De aquello han pasado 32 meses, y después de diferentes protestas, reuniones, visitas y unos cuantos escritos. Los padres y madres se sienten engañados, "nos han llevado en palabras para concluir diciéndonos que el colegio de nuestros hijos no es prioritario y que no se va a hacer nada, como mucho algunos arreglos puntuales que no solucionan el problema que venimos sufriendo desde hace años".

Esta mañana han vuelto a concentrarse a las puertas del colegio pidiendo una solución real al problema. Los cortes eléctricos constantes por sobrecarga en la red alteran de forma continuada el buen desarrollo de la actividad escolar, dificultan el uso de las tecnologías e interrumpen la actividad lectiva y no lectiva; por ejemplo, "en los refrigeradores de la cocina que no funcionan correctamente y esto hace que en más de una ocasión se hayan visto obligados a tirar la comida preparada para el servicio de comedor", denuncian desde la AMPA.

Mónica Pérez ha dicho en Hoy por hoy Murcia que ya no confían en las palabras y que van a continuar con su estrategia: "sinceramente, si después de 32 meses ahora nos llegan con 'os vamos a hacer o quizá podamos poner...' este cuento ya nos lo sabemos, directamente estamos valorando acudir a la vía judicial. Lo que queremos es saber si el colegio está cumpliendo o no la normativa vigente y si no es así, que sea la justicia la que obligue a resolver esta situación que nos preocupa por la seguridad de nuestros hijos", ha dicho.

Pero esta penosa situación no se trata solo de calor; con clases que pueden superar con creces los 30º de forma continuada, ni de incomodidades: "es un problema de seguridad" -explica la AMPA en un comunicado- . El centro no dispone de una red eléctrica en condiciones, ya que la misma es absolutamente obsoleta, y está fuera de la normativa. Desde entonces nuestra AMPA ha llevado a cabo movilizaciones, recogidas de firmas (más de 2.000), así como diferentes reuniones con representantes de la administración autonómica y municipal.

A través de dichas reuniones se llegó al compromiso formal por parte de la Consejería de Educación, por parte de la anterior directora general de Centros, Remedios Lajara, de la reforma integral de la instalación eléctrica a cargo de Fondos Sociales Europeos, reforma que tendría que haberse llevado a cabo varios cursos atrás. Dichas promesas aparecen incluso en declaraciones vertidas en diferentes medios de comunicación, donde se llega a señalar este centro como prioritario.

"32 meses después no es solo que no se hayan iniciado los trabajos, sino que, en posterior reunión con la sucesora de Remedios Lajara, la dirección general de centros nos comunica que no se va a acometer ninguna reforma y que dichos fondos ya fueron gastados en otros centros", ha comentado Mónica Pérez en la antena de Radio Murcia.

A pesar de ello, nuestra AMPA prosigue con reuniones, habiéndose llevado a cabo hace pocos días a nivel municipal, con el actual concejal de Educación, y a nivel autonómico, habiendo cursado solicitud de reunión con el ya tercer director general de Centros, Jesús Pellicer, desde el lamentable suceso de 2018, se puede leer en el comunicado emitido por los padres y madres.

Nuestras familias -prosigue- están dispuestas a seguir dialogando, pero con la fe en la administración ya muy mermada y absolutamente dispuestas a reivindicar en breve en sede judicial lo que a través de vía institucional se ha prometido e incumplido de forma reiterada.