Cantabria prevé repartir los 55 millones de ayudas Covid en 13 semanas

Santander

La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria baraja un plazo de 13 semanas, "en el mejor de los cálculos", para tener repartidos los 55,3 millones de euros asignados a la comunidad por el Gobierno central para ayudas Covid, que podrán solicitar 12.659 autónomos y empresas cántabras a partir de este martes 22 de junio.

Así lo ha avanzado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero del área, Javier López Marcano (PRC), detallando que los expedientes los tramitarán unos 40 empleados de la Consejería, que gestionarán "del orden de diez per capita", lo que supone que a la semana podrán abordar unos 2.000.

Así, según sus cálculos, podrían gestionar todas las solicitudes en nueve semanas, sumadas al mes de plazo de presentación que empieza mañana, por lo que la previsión se ha fijado en 13 semanas.

"Asumo el riesgo de ponerme el reloj en marcha", ha dicho López Marcano, advirtiendo que en ese periodo podría "caerse el sistema informático, fallar la plataforma" o surgir imprevistos, pero asegurando que su departamento va a "multiplicar los esfuerzos" porque trabaja con la "losa pesadísima" que supone tener que devolver al Gobierno central el dinero que no se haya logrado tramitar antes del 31 de diciembre.

En el caso contrario, si sobrara dinero de esta convocatoria se publicaría antes de esa fecha otro decreto -como el publicado este lunes para abrir mañana el plazo de solicitud- dirigido a los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que no se han recogido ahora.

Así ha respondido el consejero en el Pleno a preguntas de Ciudadanos (Cs), que ha lamentado que se ha perdido "demasiado tiempo por culpa de la burocracia" y que "todo apunta a que las ayudas no llegarán, como mínimo, hasta septiembre".

El portavoz naranja, Félix Álvarez, también ha cuestionado a López Marcano acerca del estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) que señala que el 40 por ciento de los fondos de estas ayudas directas no se repartirá por las "exigentes condiciones" para acceder a ellas.

En concreto, UPTA señala que este fondo está diseñado para recuperar cuanto antes la inversión realizada por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del ICO, por el cual han sido concedidos miles de pequeños créditos con aval público, y se ha preguntado que pasará con los empresarios que en lugar de optar por un crédito han hecho frente a la situación con recursos propios y que cumplen los criterios de pérdida de facturación que se han establecido en las ayudas publicadas.

Al respecto, López Marcano ha dicho que "quiere creer" que el decreto tiene una interpretación "más lata" y que no habrá impedimento jurídico para atender los dos supuestos, tanto los que han incurrido en deuda como los que han tenido que recurrir a su patrimonio personal o familiar.